Iberdrola y Siemens negocian ya un acuerdo que ponga fin a su guerra en Gamesa

De momento, Iberdrola y Siemens Gamesa se han puesto de acuerdo para solicitar la suspensión de la vista oral que se debía celebrarse hoy en un juzgado de lo mercantil de Bilbao, en el que la eléctrica interpuso una demanda contra la eólica. Oficialmente, al menos, la suspensión se ha solicitado «por razones procesales» al no haberse incorporado al expediente alguna documentación que había exigido Iberdrola, aunque todo apunta a que el gesto pretende introducir algo de calma en las relaciones entre ambas empresas para propiciar una solución definitiva al contencioso. Fuentes oficiales de la Audiencia Provincial de Bizkaia indicaron ayer, sin embargo, que no había problema alguno en el procedimiento y que la suspensión fue solicitada de mutuo acuerdo de las dos partes. Esta suspensión tiene una validez máxima de 60 días, tiempo durante el cual ambas compañías deberían cerrar un acuerdo definitivo o mantener vivo su enfrentamiento judicial.

El juicio previsto para hoy era el segundo que tiene como protagonistas a Iberdrola y a la empresa eólica. En el mismo estaba citado a declarar como testigo el consejero delegado de Siemens Gamesa, Markus Tacke. La eléctrica, que posee el 8% del capital de la eólica, pide que se anule un acuerdo adoptado por el consejo de administración, que permitió rechazar una iniciativa de un consejero independiente. En concreto, se había propuesto la creación de una comisión para estudiar las implicaciones que puede tener en el futuro de Gamesa la creación de una nueva filial de Siemens, en la que se volcarán todos sus negocios ligados a la energía y también el 59% de las acciones que posee la multinacional germana en la propia eólica vasca.

Esa comisión, en la que se pedía que no participasen representantes de Siemens para evitar el conflicto de intereses, debía estudiar el impacto de ese movimiento de la multinacional no sólo en el negocio de Gamesa sino también -probablemente lo más trascendental- en los acuerdos entre socios que dieron lugar a la fusión y a la creación de la nueva empresa a mediados de 2016.

La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán está convencida de que esa operación corporativa de Siemens, que pretende colocar en Bolsa una parte sustancial de las acciones de la nueva filial, puede llevar también a la empresa alemana a poner distancia con los acuerdos firmados con Iberdrola en 2016. En ellos, entre otras cuestiones, se regula la designación de algunos altos cargos de Gamesa, así como el compromiso de mantener su cuartel general en España. El presidente de Siemens, Joe Kaeser, se comprometió a mantener la sede en el País Vasco ante el lehendakari Iñigo Urkullu, en un encuentro que mantuvieron en abril de 2018.

La pasada semana Iberdrola obtuvo una victoria sustanciosa en esta guerra, después de que otro juzgado mercantil de Bilbao le diese parcialmente la razón en otra demanda que había presentado. La juez aceptó la tesis de Iberdrola de que Siemens Gamesa estaba ocultando al consejo de administración información estratégica, ya que no pasaban por este órgano los contratos de venta inferiores a 500 millones de euros en equipos terrestres y de 1.000 millones en los de generación marina. La juez estimó excesivas esas cantidades, ya que al ser consideradas «operaciones estratégicas» son una materia indelegable del consejo según la legislación española.

Numerosos analistas han puesto en evidencia en los últimos meses que un acuerdo definitivo que acabe con la guerra desatada entre Siemens e Iberdrola sólo puede llegar por la vía de una compra de acciones. La firma alemana ya ha deslizado que estaría dispuesta a comprar el 8% de participación que tiene Iberdrola en Gamesa, lo que elevaría su control al 67% de los títulos de la firma eólica.

El acuerdo, sin embargo, entraña dos problemas. Uno evidente que se sustancia en el precio de esa compra y que lógicamente está sometido a la negociación entre ambas partes. A precios de mercado, la participación de Iberdrola vale unos 850 millones de euros. El segundo problema, más de fondo, es que Siemens no quiere lanzar una OPA sobre el 100% de las acciones de la eólica y ello exige que la Comisión Nacional del Mercado de Valores le exima de esa obligación.