Garamendi cree que una contrarreforma laboral impuesta destruirá empleo

Tras especificar que su relación con la ministra Magdalena Valerio es «magnífica» y la total disposición de la patronal por el dialogo social y la consecución de acuerdos, Antonio Garamendi sentenció que lo que se está planteando sobre la mesa «es malo para la economía de este país, iría en contra de la economía y en contra del empleo». Y esto no sólo lo dice la CEOE, como especificó, sino organismos como el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional.

El dirigente empresarial abogó por la mesa de diálogo social como el foro para lograr acuerdos, aunque no obvió que el Gobierno actual puede decidir hacer su propia reforma laboral y aprobarla en las cuentas, como hiciera el anterior Ejecutivo del PP.

El presidente de los empresarios lamentó también la forma en el que Ejecutivo ha abordado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros el próximo año, mientras que recordó que en la mesa conjunta de dialogo con los sindicatos se había avanzado en un pacto para subir el SMI hasta los 1.000 euros mensuales en 14 pagas en el año 2020, pero con «una condición», que las contrataciones de las Administraciones Públicas de los sectores en los que más peso tiene este salario también eleven el margen de costes, ya que sino las empresas no pueden prestar dichos servicios.

Otro aspecto que preocupa a los empresarios, según atestiguó Antonio Garamendi, está relacionado con el anuncio de incrementar las bases máximas de cotización a la Seguridad Social, que podrían llegar a crecer hasta un 10%, lo que traducido en costes, recalcó tendría un impacto de unos 1.500 millones (y recordó que esto, llevado a las antiguas pesetas, se traduciría en 230.000 millones), cuando las cotizaciones sociales en España son un 30% superiores a las de los competidores europeos.

Sin entrar en grandes detalles, Antonio Garamendi no olvidó mencionar su oposición a las subidas impositivas, cuestionar los costes de la energía, así como el sobrecoste que implica la estructura burocrática «que obstruye a la gestión de las empresas».

Y claro está, en una comunidad autónoma como la vasca en que el 25% del PIB está ligado al sector de la automoción, Antonio Garamendi volvió a reclamar «a la parte pública» más «rigor» porque se hacen anuncios como el relativo a la prohibición de los motores diésel o de gasolina que pueden hacer «mucho daño». Especificó que comparte la necesidad de fijar objetivos de reduccion de emisiones , pero no por la vía de prohibiciones, sino dejando a las empresas que vayan desarrollando las diferentes tecnologías.

El presidente de la patronal también se refirió a la situación presupuestaria española, abogando por mantener el control de gasto, déficit y endeudamiento. Explicó que en un escenario en el que la deuda supera el 100% del PIB español, «nos preocupa que haya unos Presupuestos Generales del Estado que estén muy por encima de lo que pensamos que se pueda gestionar, posiblemente los ingresos sean menores».

Antonio Garamendi insistió en varias ocasiones sobre la necesidad de que «la principal empresa del país, el Estado» mantenga el rigor de sus cuentas, porque es lo que «nos puede hacer desequilibrar». En este contexto, anunció que la CEOE tiene previsto presentar en primavera «un estudio sobre la ineficiencia del Estado», pero matizando que «en positivo», para ayudar a identificar las áreas de mejora.

Finalmente, respecto al próximo «carrusel de elecciones», como él lo calificó, sin entrar en valoraciones políticas, manifestó que «a los empresarios nos gusta la estabilidad y la estabilidad la da la moderación. Todo lo que sean opciones de moderación nos sentiremos mucho más a gusto».