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La consejera de trabajo, Maria Jesús San José.

La futura Ley vasca de cooperativas permitirá que haya más trabajadores no socios

La ley actual les permite contratar por cuenta ajena hasta el 25% de la plantilla. La nueva normativa permitirá elevar ese porcentaje hasta el 30%

CARMEN LARRAKOETXEA

Martes, 18 de diciembre 2018, 16:34

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El consejo de gobierno ha aprobado en su sesión de este martes el Proyecto Ley de Cooperativas de Euskadi por el cual se permite elevar hasta el 30% de la plantilla la contratación de trabajadores por cuenta ajena no cooperativistas, proporción que también se extiende a los miembros del equipo directivo. El texto normativo, que ahora ha de pasar al trámite parlamentario, también introduce importantes modificaciones para fortalecer el capital de las cooperativas y evitar que las pérdidas de las compañías afecten al patrimonio personal de los socios.

La consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, ha destacado que el nuevo texto «cuenta con el consenso y pleno respaldo del sector cooperativo vasco» y ahora espera que en su debate en el Parlamento Vasco logre «el mismo acuerdo y respaldo» para poder aprobar la ley. San José ha insistido en que el contenido de la reforma que plantea este proyecto, sobre la actualmente vigente que data de 1993, le convierte en «un instrumento eficaz» para propiciar «un cooperativismo fuerte, de futuro y con futuro».

En Euskadi, según ha indicado la consejera, hay 1.650 cooperativas, en las que trabajan 58.700 personas, lo que equivale al 6% de la población ocupada vasca.

Una parte sustancial del contenido de la reforma tiene por objeto responder y clarificar circunstancias que se pusieron de manifiesto a raíz de la caída de la antigua Fagor Electrodomésticos y también ordenar y ajustar los mecanismos de financiación externos como las aportaciones financieras de no socios, orientadas a incrementar la obligación de información y posibilitar con carácter general otro tipo de financiaciones.

Para permitir la flexibilidad laboral, especialmente en tiempos de crisis, la ley actual ya permite que las cooperativas contraten personal por cuenta ajena (no socios) con un límite de hasta el 25% del la plantilla total, tasa que la nueva ley incrementa hasta el 30%. También se autoriza que un tercio del personal directivo puedan ser gestores no socios, que según explicó San José, potenciará la «profesionalización de la gestión» de las cooperativas.

El Ejecutivo explica que con el proyecto de ley se «refuerza el gobierno cooperativo en línea con las novedades del derecho societario» y además «actualiza el régimen de responsabilidad y obligaciones de los administradores», en línea con las recientes modificaciones legales en el ámbito mercantil. En relación a los órganos sociales, se flexibilizan aspectos como la celebración de la Asamblea General o la existencia del Consejo Social o la Comisión de Vigilancia, ajustando las funciones de los órganos sociales.

Limitación de la imputación de pérdidas

Otra de novedad fundamental del proyecto de ley es que regula, de forma detallada, las responsabilidades de los socios con respecto a las pérdidas que puedan tener sus cooperativas. A grandes rasgos la reforma establece que los socios sólo responderán por el capital desembolsado, sin que las cargas o pérdidas de la compañía puedan afectar a su patrimonio personal, siempre y cuando, no hayan suscrito contratos con avala personal.

Además de proteger el patrimonio personal de los socios, el proyecto de ley también incluye medidas para fortalecer el patrimonio común de la cooperativa, su sostenimiento y la continuidad empresarial. Así se han revisado los criterios de reembolso en caso de baja de los socios; la reducción del capital social o de la actividad cooperativizada; o la incorporación de la figura de los liquidadores no socios en situaciones determinadas de crisis societaria.

Otra vertiente para proteger al capital de la cooperativa ha sido la clarificación de la «naturaleza inembargable» de las aportaciones de los socios al capital social frente a acreedores personales o la rehusabilidad de las aportaciones de los socios.

En relación a las cooperativas de vivienda, la consejera María Jesús San José, ha indicado que se ha redefinido los criterios de configuración de las cooperativas de vivienda y de transportes, evitando que la práctica pueda desfigurar sus formas de hacer empresa cooperativa; y se ha previsto la promoción de las nuevas «junior cooperativas», integradas por estudiantes que desarrollan una empresa cooperativa, como parte de su formación académica y bajo tutela del centro.

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