Un patrimonio de 15 millones tributa un cuarto de millón en Gipuzkoa y cero euros en Andalucía y Madrid

El Impuesto de Patrimonio grava el patrimonio neto (valor de bienes y derechos, menos cargas y deudas) de los contribuyentes y, en el caso de Euskadi y Navarra, son las diputaciones y el gobierno foral, respectivamente, los encargados de recaudar este impuesto, mientras que en el resto de autonomías lo gestiona la Hacienda estatal. En el caso de Gipuzkoa, el Impuesto de Patrimonio ha elevado en 1.099 el número de pagadores en el territorio desde 2015, donde los ingresos obtenidos por el mismo se sitúan (con datos de 2021, los últimos oficiales) en 68,6 millones de euros, por encima de los 65,8 del ejercicio precedente. «El movimiento realizado por Andalucía no nos cambia el escenario fiscal de Gipuzkoa», aseguró a este periódico el diputado de la Hacienda foral, Jokin Perona. A lo que añadió que Gipuzkoa sigue manteniendo su idea de «no suprimir» ese impuesto, que para la Diputación es «uno más entre los que tenemos en nuestro sistema fiscal».

Con carácter general, el Impuesto de Patrimonio es un tributo que pagan los propietarios de patrimonios superiores a los 700.000 euros, sin incluir la vivienda que utilizan como residencia habitual (que tiene exenciones de hasta 300.000 euros). Umbral que es más alto en Aragón (400.000 euros) y Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana (500.000 euros).

El tipo estatal oscila entre el 0,2% mínimo y el 2,5% a partir de los 12,8 millones. En Bizkaia, en cambio, la escala de gravamen se detiene en el 2%, aunque la base imponible se reducirá en concepto de mínimo exento en 800.000 euros, y no en 700.000 como en Gipuzkoa, que tiene una escala de ocho tramos que van desde el 0,2% hasta el 2,5%. Así las cosas, en el caso más extremo, una gran fortuna de 15 millones de euros tributa por Patrimonio 257.300 euros en Gipuzkoa, según el Consejo General de Economistas de España, y se sitúa en la sexto puesto por la cola en esta particular ránking de comunidades -ver tablas adjuntas-, con Extremadura en primera posición (418.156 euros).

Si reducimos la riqueza de un contribuyente hasta los 800.000 euros, a los declarantes aragoneses les corresponde un abono medio de 1.164 euros, seguido por los extremeños (1.099 euros) y la Comunidad Valenciana (909 euros). El farolillo rojo lo ocupa Galicia, con apenas una factura de 150 euros. Precisamente Galicia anunció ayer que aumentaba la bonificación del 25% existente desde el año pasado sobre la cuota íntegra del impuesto al 50%. Esta bonificación es aplicable a todos los contribuyentes, sin que sea necesario cumplir ningún requisito especial. En Madrid no se pagaría nada por estar bonificado al 100%, y en Bizkaia y Álava tampoco por el régimen fiscal propio de Euskadi. Andalucía se unirá a este trío a partir de 2023.

Pese a que el Gobierno Vasco renunció este pasado martes a la «pesca de ricos» en la guerra de bajada de impuestos, existen voces que se muestran más flexibles a la bonificación del 100% del Impuesto de Patrimonio, puesto que daría un impulso a la inversión en territorios como Madrid y Andalucía. Es el caso de Víctor Etxeberria, socio y codirector del área fiscal de la consultora donostiarra Sayma. «El Impuesto de Patrimonio no es un estímulo a la inversión. Intuimos en nuestros clientes un cierto 'desgaste' a la hora de contribuir por el Impuesto de Patrimonio viendo que a nivel europeo y en Madrid, y ahora también en Andalucía, este impuesto no se aplica. No es imprescindible y se debería ajustar a nuestro entorno europeo. El dinero recaudado directamente por este impuesto es relativamente bajo».

Etxeberria también sostiene que la eliminación de este tributo en Andalucía podría derivar en una fuga de contribuyentes vascos a esa comunidad. «Muchos vascos poseen viviendas vacacionales en Andalucía por su atractivo turístico y su clima y, en ocasiones, ya residen en esa comunidad largas temporadas, especialmente contribuyentes ya jubilados. Esta situación parece apuntar hacia una lucha por captar contribuyentes. Cuantas más comunidades estén exentas del Impuesto de Patrimonio más aumentará el riesgo de fuga».

Desde la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, su todavía presidente, Pedro Esnaola, sostiene que la recaudación que logra la hacienda foral con este tributo es «muy pequeña. Si lo que se busca con él es una redistribución de la riqueza, no se consigue». La cuantía recaudada representa el 1% de los más de 5.300 millones que recaudó en 2021 la Hacienda guipuzcoana.

Esnaola coincide con Etxeberria al asegurar que «es un impuesto que desincentiva la atracción de talento y empresas punteras a nuestro territorio, aunque soy consciente que suprimirlo o bonificarlo al 100%, con la actual crisis económica que atraviesa el planeta, no estaría bien visto por la sociedad».