Gipuzkoa asume un impacto de 682 millones por permitir a las empresas aplazar sus impuestos

El impacto que estas seis iniciativas tiene en la recaudación prevista para las arcas guipuzcoanas supera de largo los 600 millones de euros, en concreto 682 -ver gráfico adjunto-. Una cifra que es el resultado de la suma de estas medidas, aunque el fisco foral advierte de que «como institución no podemos hacer esa suma porque los datos no son homogéneos». En síntesis, este guarismo responde a la cantidad que Gipuzkoa deja de ingresar ahora, ya que las decisiones adoptadas guardan relación con aplazamientos de impuestos. Es decir, se espera ingresar ese dinero en un futuro, antes de que acabe el año, cuando se instaure la normalidad y las empresas puedan cumplir sus obligaciones con más desahogo.

Además, en lo que respecta a las devoluciones, la Hacienda guipuzcoana ha inyectado 250 millones a los contribuyentes guipuzcoanos, 135 correspondientes a la campaña de la Renta -a 6 de mayo, prácticamente la mitad de lo que Hacienda tiene previsto devolver- y 115 al IVA -hasta abril, un 55% más que el año pasado por estas fechas-.

Requeridos por este periódico, desde el fisco aseveran que desde el primer momento están haciendo «todo lo que está en nuestra mano para ayudar a nuestros contribuyentes» a afrontar la crisis del Covid-19. «Nuestras medidas tienen como objetivo flexibilizar condiciones y, en la medida de lo posible, facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, además de contribuir a aportar liquidez», agregan las fuentes forales. Hacienda también asegura que mantiene el contacto «en todo momento» con representantes del tejido económico. «Se trata -afirman desde el departamento foral- de un proceso de toma de decisiones constante y, día a día, seguimos adoptándolas para adaptar nuestro sistema tributario a la situación de excepcionalidad que vivimos».

Las medidas tributarias aprobadas hasta la fecha en Gipuzkoa -habrá más en próximas fechas según ha adelantado la Diputación- son de carácter operativo y financiero, se dirigen tanto a las grandes empresas como a las pymes y los autónomos, y se clasifican en varios capítulos. En términos sencillos, a las compañías se les han concedido prórrogas en la presentación de las declaraciones y aplazamientos en el pago de impuestos. Es decir, se les suministra oxígeno en momentos de ahogo como los actuales, cuando la falta de actividad económica, la bajada del consumo y la destrucción de empleo provocarán un agujero recaudatorio en la Diputación de Gipuzkoa, estimado en unos 1.250 millones -un 25% menos respecto a 2019-.

Entrando en detalle, Hacienda ha ampliado, hasta duplicarlo, el importe de los pagos de impuestos que las empresas pueden aplazar: de 150.000 a 300.000 euros. Además, ha retrasado hasta el 1 de junio el plazo de pago de las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la administración y ha liberado a los autónomos de ingresar los pagos fraccionados del IRPF durante los dos primeros trimestres.

En segundo término, el fisco también ha retrasado el primer pago trimestral del IVA y de las retenciones del IRPF hasta el 1 de junio. Y, finalmente, se permite que las microempresas y pymes aplacen el pago del Impuesto de Sociedades de julio a septiembre.

Esta misma semana, como últimas medidas, la Hacienda guipuzcoana ha aprobado ampliar los plazos en los trámites de la compra de vivienda habitual -IRPF- y los ha extendido también para las reinversiones de las empresas -Sociedades-.

Víctor Etxeberria, de la consultora donostiarra Sayma, especializada en fiscalidad empresarial, valora especialmente la prórroga en el pago del IVA y del IRPF correspondiente al primer trimestre, la ampliación del importe de los pagos de impuestos que las empresas pueden aplazar y la posibilidad de que las pymes presenten la declaración y abonen la cuota de Sociedades en septiembre en lugar de en julio, la fecha habitual.

Preguntado por las demandas que reciben por parte de sus clientes, Etxeberria incide en «la falta de estímulos correctores de calado». En primer lugar, apostaría por bajar «lo máximo posible» el interés de las deudas tributarias, actualmente establecido en un 3,75%. Además, en referencia a Sociedades, pide ampliar las deducciones por creación y mantenimiento de empleo, así como modificar la tributación mínima y favorecer los incentivos para la capitalización de las empresas.

Etxeberria añade dos novedades más que introduciría en el IRPF y en el IVA: «Favorecer las ampliaciones de capital que aporten recursos a las empresas -por ejemplo, rescatar un plan de pensiones o una EPSV para destinarlo al negocio- y compensar automáticamente el desfase entre el IVA y el IRPF, como sucede en territorio común».

Desde Norgestión, Iñigo Garmendia, responsable del departamento jurídico-tributario, asegura por su parte que el aspecto más positivo de las medidas aprobadas por Gipuzkoa reside en que permite a las empresas «comprar tiempo para preservar la mayor parte del tejido industrial y el empleo. Las decisiones aportan flexibilidad y liquidez, como la adoptada con Sociedades».

En cuanto a los puntos a mejorar, Garmendia reivindica una «mayor coordinación» entre las Haciendas forales y «ampliar los plazos» de las obligaciones tributarias cuando finalice el estado de alarma.