Euskadi sufrirá una pérdida de cuatro décimas en el PIB por el impacto de los aranceles

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ya avanzó que en septiembre se abrirían mesas sectoriales y actualmente se está trabajando con todos los clústeres, cámaras de comercio, Confebask y diputaciones. El impacto estimado de los nuevos gravámenes es de 350 millones, pero además hay otros efectos indirectos. El Gobierno español también está trabajando en esa misma línea de ampliar las ayudas inicialmente dispuestas y, de hecho, estos días el ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, se está reuniendo con los sectores más impactados. Su plan de respuesta contempla la movilización de 14.300 millones de euros, que incluyen 5.000 millones en avales del ICO (Instituto de Crédito Oficial). En el caso del Gobierno Vasco, el denominado «escudo comercial» asciende a 2.000 millones de euros entre los que destacan 450 millones en avales, gestionados a través de Elkargi y dirigidos a la pequeña y mediana empresa.

El lehendakari no ocultó hoy en San Sebastián su preocupación por las consecuencias de esta decisión de la administración Trump. Según explicó, las primeras estimaciones sitúan el impacto en el PIB vasco «entre el 0,3% y el 0,4%», un dato que obliga a extremar la prudencia. El dirigente jeltzale detalló que el Ejecutivo trabaja «de la mano de los agentes más afectados» para evaluar con rigor las repercusiones. Habló de efectos tanto en la industria como en las materias primas y en el primer sector, ámbitos en los que la exposición a los mercados exteriores es mayor. «La política arancelaria norteamericana transmite provisionalidad», subrayó. Un factor que apesta en la economía, ya que tomar decisiones a largo plazo exige contar con un horizonte de certidumbres. Pradales se atrevió incluso a utilizar la palabra «dislate» para definir el rumbo de Trump en materia económica. A su juicio, el reto consistirá en gestionar con acierto durante los próximos años un escenario global cada vez más cambiante. Preguntado por si se van a tomar medidas concretas para ayudar a los sectores más afectados, respondió que primero expondrá las conclusiones con los partidos políticos y después se harán públicos. También reconoció que «habrá algunos sectores más afectados que otros».

Pradales enlazó esta reflexión con el debate presupuestario que se abre en Euskadi. Confirmó que el Gobierno ya ha compartido con los grupos políticos las directrices económico-presupuestarias de 2026 de la ano de la consejería de Hacienda y Finanzas. «Nuestro compromiso es trasladar la situación de las cuentas públicas y contrastar las prioridades de cara al próximo ejercicio», afirmó. Entre esas prioridades destacó la necesidad de «combinar la dotación a los servicios públicos esenciales con el esfuerzo inversor que permita dinamizar la actividad económica». La generación de empleo de calidad fue uno de los objetivos que más subrayó a lo largo de su intervención.

En materia de apoyo social y laboral, señaló la importancia de mantener abierto el debate sobre un Salario Mínimo Interprofesional vasco, aunque evitó concretar cifras. También se refirió al documento hecho público en julio en el que el Gobierno Vasco defendió que en Euskadi «hay condiciones para implantar un SMI de convenio superior al de España, pero siempre pactado con los agentes sociales». Pradales defendió que hay posibilidades para alcanzar un acuerdo en esta materia, aunque también admitió «obstáculos» para superar «algunas resistencias».

Su intervención dejó claro que el Ejecutivo quiere ligar este debate al conjunto de la política de bienestar. «El secreto es claro: crecer como pueblo y en bienestar de manera constante», sentenció en uno de los pasajes finales de su comparecencia. Una frase que resume el hilo conductor de un discurso que quiso transmitir seguridad en medio de la incertidumbre.

Con este mensaje, el lehendakari trató de blindar la confianza en la economía vasca. El objetivo inmediato, subyace de su discurso, será superar el desafío de los aranceles y, al mismo tiempo, consolidar un modelo económico basado en la inversión pública, el empleo y la protección de los servicios esenciales.