Euskadi obligará a las empresas que se deslocalicen a devolver las ayudas de los últimos 8 años

La nueva normativa quedará subsumida como un título, el quinto, dentro de la Ley vasca Reguladora del Régimen de Subvenciones que se está tramitando desde hace tiempo. Pero esta ley antideslocalizaciones tiene gran importancia y debe servir para evitar fugas de empresas, proteger el tejido industrial y económico vasco y mantener el arraigo de nuestras firmas en Euskadi. Un ejemplo paradigmático, en este caso a nivel estatal, fue la marcha en marzo de la constructora española Ferrovial a Países Bajos, que provocó una gran tormenta política con el Gobierno central. Este ejemplo llevó a la coalición independentista a registrar la propuesta para vacunar a Euskadi ante movimientos empresariales similares. La parlamentaria de EH Bildu Leire Pinedo explicaba, en este sentido, que «no se puede permitir que una empresa, después de recibir ayudas públicas, traslade su producción a otro Estado» para «pagar menos impuestos». El cambio a países extranjeros para abaratar la mano de obra era otra de las cuestiones bajo la lupa.

Ya hay un dictamen sobre esta futura 'ley antideslocalizaciones', aprobado el pasado miércoles en la ponencia que se ha celebrado en los últimos meses en el Parlamento Vasco, en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda, y que ha contado con la presencia de distintos actores económicos, entre ellos la patronal Confebask, que veía «injusta» esta nueva normativa.

Es la primera vez que el Legislativo autonómico pone el foco en el siempre espinoso asunto de las deslocalizaciones de empresas y se prevé su aprobación en pleno el 21 de diciembre, a la espera de conocerse más a fondo el articulado de la nueva ley. La mayoría absoluta está garantizada con el apoyo de los dos partidos de gobierno y el principal de la oposición. Todos ellos han cerrado esta ley antes de que se paralice la actividad de la Cámara de Vitoria si, finalmente y como parece probable, se produce un adelanto de las elecciones autonómicas a la primavera.

Según lo pactado, en línea con la propuesta que la coalición independentista puso en marzo sobre la mesa, las compañías que deslocalicen su producción o su actividad deberán devolver las ayudas públicas recibidas en los últimos ocho años.

La portavoz de EH Bildu Pinedo insistió en frenar estas deslocalizaciones que, a su juicio, se producen en base «solo a su interés particular, al margen de los derechos de su plantilla y de los intereses y necesidades del territorio en el que está implantada; nos parece bien ayudar a las empresas, pero además de ayudarles, también hay que exigirles responsabilidad y compromisos, entre ellos el arraigo en el territorio». Confió en que la Ley de Subvenciones termine garantizando «una concesión de ayudas más transparente y rigurosa, que garantice un mejor control público de las mismas».