Pradales defiende a CAF y niega que sea «corresponsable del genocidio» en Gaza

El presidente autonómico ha comparecido de esta forma durante el pleno de control del Parlamento Vasco, celebrado este viernes. Lo ha hecho durante el quinto punto del pleno, en respuesta a una intervención de parlamentario de Sumar, Jon Hernández, que ha pedido al Gobierno Vasco que «impulse medidas» para que la compañía beasaindarra abandone el proyecto de ampliación del tren ligero de Jerusalén.

Según el representante del grupo de la oposición, este hecho está vinculado «a la ocupación ilegal por parte de Israel de territorios en Palestina», y ha mostrado su preocupación por la actitud del Ejecutivo autonómico ante esta situación. «Niegan que ese proyecto sea lo que en realidad es, una herramienta de ocupación ilegal que contribuye a la violación de derechos elementales de una población», ha afirmado.

Ante estas acusaciones, Pradales ha reprochado la actitud de Sumar, afirmando que en política «no todo vale». «Ya está bien de señalar en democracia. Sabemos demasiado en Euskadi cómo empiezan estas cosas, pero nunca cómo acaban. El máximo responsable del genocidio en Gaza es el gobierno de Netanyahu; el gobierno de Israel, señor Hernández», ha añadido el presidente vasco, tal y como ya remarcó durante el pleno de política general.

Hernández ha lamentado que el Gobierno Vasco «saque la cara a la empresa» guipuzcoana. Ante esto, el lehendakari ha exigido «coherencia» y ha recordado que lo que su formación exige en Euskadi es lo que no aplica en Madrid, donde forma parte del Gobierno centra, cuyo Ministerio de Asuntos Exteriores, del que su partido forma parte, «recabó opinión sobre ese contrato y no identificó ningún obstáculo legal ni ético para su firma».

Imanol Pradales ha concluido su intervención desmarcando a la empresa ferroviaria de la situación en la franja. «La estrategia de CAF está alineada con los más altos estándares de conducta empresarial responsable y aplica procedimientos específicos y la guía de diligencia de vida en contextos afectados por conflictos, publicada por Naciones Unidas», ha sentenciado, añadiendo que «previo a la firma del contrato», la firma guipuzcoana hizo un «análisis legal del proyecto con expertos independientes, incluidos expertos de Naciones Unidas y aplicado y cumplido las directrices de la OCDE».

La empresa en cuestión considera que, a la luz de esos informes realizados en el año 2023, y nuevamente, en julio de 2025, el tranvía de Jersualén es «catalizador del cumplimiento de derechos humanos como la libertad de movimiento, y el acceso al empleo, la atención médica, la educación y el acceso a los lugares de culto a toda la población, sin distinción, y con especial beneficio para las comunidades más vulnerables». Y es que, según recordó ayer a la CNMV, los miembros de la comunidad árabe son una «parte significativa de los usuarios del tranvía».