La reactivación de Corrugados, ¿en vía muerta?

El conglomerado industrial extremeño Cristian Lay, propietario de las instalaciones desde el año pasado tras adquirirlas a precio de saldo al fondo KKR –que a su vez se había hecho con ellas tras el concurso del Grupo Balboa–, se habría replanteado «resucitarlas», con un plan que prevé un empleo directo de unas 140 personas, a las que se sumarían hasta 500 adicionales como trabajadores indirectos. La iniciativa contaría con una inversión de 50 millones, 30 de ellos para recomprar la maquinaria que permanece en las instalaciones pero que es propiedad de otra firma.

Empleo e inversión, dos conceptos ilusionantes que el propietario del grupo, Ricardo Leal, habría trasladado en varias reuniones con las administraciones vascas, en busca de apoyo y certidumbres para su apuesta. El pasado 18 de febrero el industrial visitó (al menos) el ayuntamiento azpeitiarra y la sede del Gobierno Vasco en Vitoria, donde mantuvo un encuentro con el departamento de Desarrollo Económico, que desde ese momento se ha alineado con la propuesta. Es más, el área pilotada por Arantxa Tapia –participante en alguna de esas citas– ha allanado el camino y dado solución a uno de los dos obstáculos a los que se enfrenta la eventual reapertura, en este caso, de orden medioambiental y de su competencia.

La otra complicación, que ha desatado un inusitado cruce de reproches, es urbanística y deja en manos del consistorio azpeitiarra la resolución. La alcaldesa Nagore Alkorta, de EH Bildu, formación que gobiernan en solitario la localidad, mantiene el mensaje de que la reanudación de la actividad en la planta de Azpeitia (en Amue) choca con el Plan General aprobado en 2013 –fue refrendado por unanimidad por los ediles de EH Bildu y PNV–, que destina estos terrenos a uso residencial y de equipamientos. Plantea que la única opción para retomar la fabricación pasa por el traslado de los hornos al área de Trukutxo, en las afueras del pueblo y donde la siderurgia cuenta con un pabellón edificado en 2009, cuando ya se barajó el traslado de parte de la actividad.

La alcaldesa mantiene esta propuesta desde el principio y así lo trasladó el pasado miércoles en el auditorio de Soreasu a más de doscientos vecinos a los que aseguró que el consistorio trabajará en favor de la reactivación siempre y cuando el proyecto cuente «con las garantías jurídicas, medioambientales y urbanísticas» necesarias.

Es más, la edil azpeitiarra asegura que a día de hoy «no hay un plan de viabilidad ni un plan de negocio» para la puesta en marcha de Corrugados y traslada que el grupo Cristian Lay tampoco ha presentado un informe técnico ni ha solicitado de forma oficial retomar la actividad de la planta. Asegura además que no cuentan con el informe sobre impacto medioambiental.

Y con estos planteamientos choca con el Gobierno Vasco. Desde el departamento de Desarrollo Económico niegan la mayor y consideran que el escollo urbanístico es fácilmente salvable, para lo que alude a un informe en su poder que considera que la actividad industrial de la planta es compatible con el Plan General, que dejaría abierta esa puerta.

En todo caso, la propia consejera aseguró el jueves que el rechazo del gobierno municipal a la reactivación de Corrugados obedece a criterios exclusivamente «políticos» y le acusó de estar poniendo en riesgo un proyecto muy importante desde el punto de vista económico y del empleo.

El grupo CL guarda entretanto silencio. Los intentos por recabar su opinión sobre estos últimos acontecimiento han chocado con un muro y solo cabe recordar que en sus últimas declaraciones se mostró dispuesto a negociar con el consistorio azpeitiarra y reclamó respaldo de todas las instituciones. De momento no se esperan nuevos movimientos.