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La actividad institucional para buscar in extremis una salida que evite el cierre de Astilleros Balenciaga se ha acelerado esta semana. Gobierno Vasco y Diputación ... de Gipuzkoa, por un lado, y la delegada del Gobierno central en Euskadi, Marisol Garmendia, por otro, se han reunido estos días con el comité de empresa. Y en ambas citas han transmitido el mismo mensaje. Las instituciones se han unido para buscar una salida «factible dentro del marco legal» y con discreción. En este marco, Garmendia agradeció ayer a los empleados su «positiva actitud» y su colaboración en esta crisis. El Ejecutivo autonómico también señaló a este periódico que buscan un inversor vasco para intentar salvar la actividad de la centenaria firma.
La subdelegada del Gobierno central trasladó a los representantes de los trabajadores, de CC OO, LAB y UGT, que desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa e Industria están analizando «todas las alternativas posibles». «Buscamos una solución eficiente que sea posible, que sea factible y asumible por todas las partes». Eso sí, Garmendia dejó claro que el financiador estatal Cofides, dependiente del ministerio y que impugnó el plan de reestructuración de Balenciaga, forzando así a la firma a entrar en concurso de acreedores, no ha hecho nada que no esté «amparado por la legislación europea».
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Cofides reclama doce millones de un préstamo participativo por las ayudas del Covid y no acepta la oferta de la dirección de Balenciaga de abonar una primera suma de 1,3 millones y otra posterior vinculada a la construcción de dos barcos que la firma guipuzcoana tenía ya comprometida si salía adelante el plan de reestructuración, homologado por un juez pero impugnado ahora por el financiador dependiente del Estado. Desde este organismo apelan al control europeo que les obliga a ser exigentes en la recuperación de los préstamos.
Garmendia, en este sentido, recordó que Balenciaga ya ha contado con el apoyo del Estado en momentos muy complicados para la empresa durante la pandemia del Covid, con un préstamo de cerca de 12 millones de euros, con el objetivo de implementar un plan de viabilidad en 2022 «que no se ha cumplido». La delegada del Gobierno dejó claro, eso sí, que «no todo es blanco y negro y que hay muchos grises». «La gerencia de la empresa tendrá su versión pero hay que tener en cuenta todas las versiones», concluyó.
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