CAF defiende que su proyecto de tranvía en Jerusalén «respeta los derechos humanos y la legalidad internacional»

Es importante subrayar que la base de datos de la ONU no califica jurídicamente al centenar de empresas incluidas, además de CAF. Es decir, la compañía beasaindarra puede aparecer en ella únicamente por participar en un proyecto que incluye territorios disputados, sin que esto suponga que haya cometido alguna ilegalidad o que haya sido «sancionada». Según el propio informe del Alto Comisionado, su labor se limita a realizar «constataciones fácticas de si las empresas participan en una o más de las actividades incluidas en la lista, con miras a añadirlas o retirarlas de la base de datos». «Esa labor no constituye ni pretende constituir un proceso judicial de ningún tipo», añade.

Pese a que la compañía salió al paso debido a la inminente publicación del informe de la ONU, la tensión social y política se ha intensificado en las últimas semanas tras las protestas de la Vuelta ciclista a España y las palabras del presidente del Gobierno español en la sede de Naciones Unidas, donde volvió a calificar de «genocidio» los ataques en Gaza -ya se cuentan los 66.000 muertos-. En Euskadi, la sensibilidad hacia los ataques del país hebreo ha generado un debate público sobre la implicación de empresas en la región, y sindicatos como ELA y LAB ya amenazan con movilizaciones «si CAF no frena su relación con Israel». Incluso el lehendakari, Imanol Pradales, pidió una «reflexión ética» a CAF, aunque más tarde matizó que «ni las empresas, ni la universidad, ni las instituciones vascas, son cómplices, ni mucho menos, responsables. No instrumentalicemos el drama que vive el pueblo palestino».

En cualquier caso, el grupo -integrado también por Solaris- defendió como respuesta preventiva al informe de la ONU que su actuación se ha guiado siempre por «el respeto a los derechos humanos y la ética empresarial, aplicando un completo sistema que compete a todas sus operaciones y cadenas de valor». La compañía guipuzcoana dispone de «políticas de diligencia debida específicas en materia de derechos humanos, diseñadas para prevenir cualquier conducta contraria a la ley o a los estándares internos». Antes de firmar el contrato de Jerusalén, el proyecto fue evaluado por «expertos independientes, incluidos catedráticos en Derecho Internacional y especialistas de la ONU, quienes confirmaron la ausencia de incumplimientos legales», añade la nota.

El proyecto en cuestión, de un valor aproximado de 1.800 millones de euros, fue adjudicado a un consorcio de CAF y la constructora israelí Shapir Civil & Marine Engineering en 2019, bajo la denominación de TransJerusalem J-Net. Comprende la construcción de la denominada como Línea Verde y la ampliación de la Línea Roja de Jerusalén, ambas con tramos en la región este, cuya fase de obra se espera que finalice en 2027. Además, incluye la operación de las líneas durante quience años, ampliables a veinticinco, y su mantenimiento durante veinticinco años a través de otra sociedad conjunta en funcionamiento desde 2021.

El fabricante beasaindarra también ha realizado evaluaciones periódicas de riesgos que «no han detectado impactos negativos sobre los derechos humanos». Por el contrario, informes independientes de 2023 y julio de 2025 destacan el «impacto positivo» del tranvía sobre la población, «garantizando el acceso a servicios esenciales como transporte, educación, salud, empleo y lugares de culto, de manera inclusiva y no discriminatoria». En la nota, la empresa defiende que «datos de movilidad muestran que la comunidad árabe, una parte significativa de los usuarios, utiliza el tranvía con frecuencia y valora la calidad del servicio». «Cerca del 25% de los empleados del sistema son árabes, y se aplican medidas para garantizar un entorno laboral inclusivo y señalización plurilingüe en árabe y hebreo», asegura la empresa.

La compañía también recuerda que la Corte de Apelación de Versalles «ya desestimó alegaciones sobre vulneración del Derecho Internacional durante la fase previa a la ampliación de la Línea Roja» y que los servicios jurídicos españoles validaron la legalidad del proyecto. Entre 2020 y 2022, «un procedimiento ante el Punto Nacional de Contacto de la OCDE tampoco identificó incumplimientos legales».