Txema Muñoz

Presidente de Ascongi

«A día de hoy se están construyendo viviendas en pérdidas, no rentables»

– Esta pasada semana se aprobó el convenio de la construcción de Gipuzkoa, con subidas salariales vinculadas al IPC y amplio acuerdo sindical.

– Lo primero que hay que poner en valor es la existencia del propio acuerdo, la coincidencia de voluntades e intereses sin necesidad de conflicto en un sector tan relevante para la economía del territorio. Dicho esto, se trata de un acuerdo que por su vigencia de 4 años aporta estabilidad e incluye contenidos de diversa naturaleza que pretenden presentar al sector como una alternativa profesional atractiva para las personas trabajadoras».

– ¿Qué balance hace del camino recorrido?

– Es un aniversario muy especial. Hemos llegado hasta aquí con mucho esfuerzo colectivo. La organización nació en un contexto muy difícil en lo institucional y político y, con los años, nos fuimos consolidando como una herramienta útil para las empresas del sector, que necesitaban un espacio donde compartir problemas, defender intereses comunes y trabajar por la profesionalización.

– Han trabajado durante décadas, incluyendo épocas muy duras en Gipuzkoa. ¿Cómo vivió el sector los años de violencia de ETA?

– Fueron años muy difíciles. A veces se olvida, pero muchas de nuestras empresas operaban en zonas complicadas, con amenazas, con miedo. Y, sin embargo, el sector no se detuvo. Se siguió trabajando, muchas veces en silencio, aportando al desarrollo de pueblos y ciudades incluso en momentos de enorme tensión. La construcción fue una de las columnas que sostuvo el territorio cuando casi todo temblaba. No se puede entender el progreso de Gipuzkoa sin ese esfuerzo silencioso y el compromiso de muchas personas, amigos, que sufrieron esa violencia de primera mano.

– ¿Qué ha cambiado en el sector desde entonces?

– Prácticamente todo. Antes hablábamos de albañiles, ahora hablamos de técnicos cualificados, de industrialización, de eficiencia energética, de sostenibilidad. La transformación ha sido profunda, y creo que muchas veces no se valora lo suficiente. Hoy somos un sector moderno, comprometido con la innovación y con el territorio. Pero seguimos enfrentándonos a problemas estructurales: la falta de suelo, la rigidez normativa, la burocracia y, sobre todo, una creciente dificultad para hacer viables los proyectos de vivienda.

– ¿Cómo de difícil es la situación actual a la hora de hacer viable económicamente un proyecto de vivienda?

– Hay un dato que no debería dejar indiferente a nadie: se están construyendo viviendas en pérdidas. Es decir, se empieza una obra sabiendo que no va a ser rentable. Eso no ocurre porque sí. Hay promociones que se ejecutan por responsabilidad, por compromisos previos con las administraciones o porque ya se ha hecho una inversión inicial que obliga a continuar. Esto no se puede prolongar.

– ¿Qué factores están provocando esta situación límite?

– Es un cúmulo. Hay varios. Uno importante es el encarecimiento de los costes, tanto en materiales como en procesos. Otro es la dificultad para acceder a suelo finalista, que se ha convertido en un bien escaso. Además, los trámites administrativos son largos y complejos. Todo esto repercute directamente en la viabilidad de los proyectos.

– ¿Qué está pasando con la vivienda de protección oficial?

– En algunas ocasiones, lo que se pide es desarrollar promociones de VPO con unos precios máximos de venta que no se corresponden con los costes reales. Y eso hace que no sean viables económicamente. Si no se adapta el marco, va a ser difícil que se pueda seguir construyendo vivienda protegida en las condiciones actuales.

– ¿Qué papel cree que deben jugar las administraciones públicas ante esta situación?

– Lo que pedimos es que se revise el modelo. Que se tenga en cuenta que las empresas tienen que poder desarrollar su actividad de forma sostenible. Y para eso hace falta generar más suelo finalista, revisar los pliegos, reducir la carga administrativa y facilitar la colaboración público-privada de forma efectiva.

– La nueva Ley de Medidas Urgentes en Vivienda del Gobierno Vasco plantea que en muchas promociones el 60% sea vivienda protegida y el 40% libre.

– Ese cambio lo valoramos positivamente. En el modelo anterior, que era 25% protegida y 75% libre, muchas operaciones no se podían ni plantear porque resultaban inviables. Este nuevo reparto permite que se puedan intentar más cosas. En todo caso, la decisión última va a ser de los ayuntamientos. Con lo cual, si un ayuntamiento en un momento determinado tiene un suelo, el desarrollo de dicho suelo no sale porque es imposible viabilizar con el ratio 75-25, igual es posible con el 60-40. Habrá que proponerlo y será el ayuntamiento quien tenga que aceptarlo. Ahí se retratará un poco a cada uno.

– ¿Se escucha al sector cuando plantea estas cuestiones?

– A veces sí, y otras no tanto. Hay voluntad de diálogo, pero es importante que esa voluntad se traduzca en hechos concretos. La construcción no es parte del problema, puede ser parte de la solución. Queremos seguir contribuyendo al desarrollo del territorio, pero para eso es necesario que las condiciones acompañen.