Los ayuntamientos de Gipuzkoa reducen su deuda un 41% desde antes de la pandemia

¿Pero qué significa la deuda viva? Este concepto financiero se define como el endeudamiento de una entidad local y sus entidades dependientes como las obligaciones pendientes de las operaciones de crédito que tienen asumidas, las proyectadas y los avales concedidos. En concreto, es la totalidad de la deuda pendiente de pagar que tienen lo ayuntamientos procedente de préstamos a largo plazo con entidades financieras y avales. Es decir, es el capital pendiente de amortizar más los intereses generados.

¿Y cuál ha sido el esfuerzo de los ayuntamientos en el último año? Lo primero que llama poderosamente la atención es que la lista de las localidades que tienen las cuentas completamente saneadas sigue aumentando año a año y ya son 39 de 88. Es decir, prácticamente cuatro de cada diez están libres de deuda. Una cifra que ha ido creciendo en la última década con ayuntamientos saneando sus cuentas municipales. En su mayoría son localidades pequeñas, aunque también aparecen a cero municipios de más tamaño como Arrasate, Lasarte-Oria, Hernani, Zumaia, Astigarraga y Orio. Donostia, con 38,1 millones, es la más endeudada, seguida de Irun (7,8) y Errenteria (7,7).

En el caso de Bizkaia y de Álava, los consistorios también han hecho los deberes, aunque a una menor intensidad que en Gipuzkoa con una reducción de 6,8 y 15 millones, respectivamente. Con todo, el territorio vizcaíno es el que atesora la cifra más baja de endeudamiento en Euskadi con 75 millones frente a los citados 96 de Gipuzkoa y los 122 millones de Álava. Así, en el conjunto de Euskadi la deuda viva ha descendido en el periodo analizado desde los 384,4 millones hasta los 294,3, lo que supone un 23,4% menos.

Si ampliamos el mapa al conjunto del Estado, puede apreciarse que el cambio de tendencia que se registró en 2021, por primera vez en una década, continuó en 2022. El año pasado la deuda del conjunto de las entidades locales experimentó el segundo repunte desde la crisis financiera de 2008. El alza, del 4,3%, ha empujado el pasivo de Ayuntamientos, diputaciones, cabildos y entidades menores hasta los 23.019 millones.

Cabe recordar que fue en 2012 cuando, en plena crisis económica, el Gobierno central –en aquel momento, en manos del PP– aprobó la Ley de Estabilidad presupuestaria. Esa norma estableció una serie de limitaciones en el gasto y el déficit público que tuvieron como consecuencia una reducción progresiva, pero radical, del endeudamiento de las entidades locales. En el año 2020, debido a las disrupciones que provocó la expansión del coronavirus en las cuentas municipales, el Gobierno central decidió suspender la regla de gasto.

Fue en 2009 cuando ese endeudamiento municipal tocó techo en Gipuzkoa. Desde entonces, y con la excepción del año 2019 con un leve alza del 1,7%, los ayuntamientos cumplen a rajatabla con los deberes impuestos. Y es que la evolución de la deuda viva ha pasado de los 314 millones a cierre de 2010, a los 96,6 que presenta la estadística actualizada a 31 de diciembre de 2022. Una reducción del 69,4% (218,2 millones) en doce años que pone de manifiesto el esfuerzo realizado por los consistorios del territorio.

El esfuerzo de los consistorios guipuzcoanos también se puede medir en las cuantías que cada uno de sus vecinos debería abonar para que esa cifra se redujera a cero. Así, si hace trece ejercicios la deuda municipal 'per cápita' ascendía hasta los 447 euros para que pudiera ser amortizada en su totalidad, a cierre del pasado año, a cada habitante le correspondería abonar 134 euros para neutralizar por completo esa minuta de los 88 ayuntamientos de Gipuzkoa. 300 euros menos que le corresponderían desembolsar a cada habitante del territorio en comparación con la época de máximo apogeo de la deuda. San Sebastián es, precisamente, la segunda capital de Euskadi con mayor deuda per capita (202 euros por habitante), que contrastan con la menor de Bilbao (89,8 euros) y la muy superior de Vitoria (461 euros por habitante).

La evolución positiva de la deuda de los Ayuntamientos responde en parte a su estructura financiera, compuesta al igual que sucede en la economía doméstica de ingresos y gastos. Los primeros son poco sensibles a los vaivenes económicos —el IBI, cuya aportación se mantiene estable aunque vengan mal dadas, supone hasta dos tercios de la recaudación municipal— y lo mismo ocurre con los desembolsos. Estos se orientan más a tareas con necesidades constantes como la manutención vial, la recogida de residuos o la iluminación, siendo las comunidades autónomas las encargadas de gestionar los pilares del Estado del Bienestar (educación, salud y servicios sociales).