Los autónomos piden una reducción del 5% en el IRPF: esto es lo que se ahorrarían más de 65.000 trabajadores de Gipuzkoa

UPTA fundamenta su propuesta en la consideración de que la presión fiscal que soportan los autónomos no guarda proporción con la que afrontan las grandes empresas. La organización sostiene que la fiscalidad ha sido históricamente desfavorable para el trabajador por cuenta propia, quien tributa como si fuera una gran corporación, cuando en realidad la realidad es muy diferente.

El 84% de los autónomos en el territorio son personas físicas que trabajan de forma individual, generalmente con uno o dos trabajadores a su cargo en el mejor de los casos. Estos son los que soportan de manera más directa el peso del IRPF, ya que sus ingresos quedan sujetos a los tramos fiscales establecidos en cada territorio.

Esta demanda fiscal forma parte de un esfuerzo más amplio de UPTA por mejorar las condiciones del colectivo autónomo, que atraviesa un momento de dificultades evidentes. En los últimos doce meses se han registrado casi 398 bajas en el número total de trabajadores autónomos en Euskadi, una tendencia que se mantiene constante y que ha encendido las alarmas en la organización.

Las mayores pérdidas de autónomos se concentran en sectores como la hostelería y el comercio al por menor, actividades que sufren de forma especial los efectos de la situación económica actual. Sin embargo, ha comenzado a llamar la atención la caída también en sectores como la fabricación de vehículos, donde algunas actividades clasificadas en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) han experimentado reducciones significativas.

UPTA ha dirigido una nota de prensa a nivel estatal exigiendo a las comunidades autónomas la aplicación de esta rebaja fiscal. No obstante, en el caso de Euskadi y Navarra, la estructura de las haciendas forales otorga competencias específicas sobre la tributación autonómica que difieren de las del resto del Estado. Cada hacienda foral dispone de la capacidad para establecer los tramos del IRPF en su territorio, lo que abre la posibilidad de que esta medida pueda implementarse de forma independiente en Gipuzkoa, Bizkaia y Araba.

Por este motivo, UPTA ha enviado también comunicaciones a los diferentes parlamentos territoriales y espera que las diputaciones forales inviten a la organización a mesas de negociación para abordar formalmente esta propuesta. Según ha informado la organización, aún no se han producido contactos operativos con las haciendas para trasladar la medida en términos de negociación política.

Aunque la rebaja de cinco puntos en el primer tramo del IRPF beneficiaría formalmente a todos los autónomos que tributan como personas físicas, el impacto más relevante recaería sobre aquellos con ingresos menores. El funcionamiento progresivo del IRPF implica que los trabajadores autónomos que superan los 30.000 euros de rendimientos netos anuales continuarían tributando según los tramos superiores establecidos en cada territorio. Sin embargo, UPTA subraya que la gran mayoría del colectivo autónomo se sitúa en franjas de ingresos inferiores, con rendimientos mensuales generalmente por debajo de los 3.000 euros. Para estos trabajadores, la reducción fiscal tendría un impacto proporcionalmente más significativo en su economía personal y empresarial.

La reivindicación fiscal que ahora presenta UPTA se suma a otras demandas históricas del colectivo autónomo, particularmente la reforma de las cuotas a la Seguridad Social. UPTA recuerda que la cuota de seguridad social no constituye un impuesto en sentido estricto, sino una cotización que genera derechos de protección social futura, incluyendo jubilación, bajas médicas y permisos por paternidad o maternidad.

El colectivo autónomo sigue reclamando un sistema de cotización basado en los ingresos reales, modelo que UPTA negoció con el Gobierno en el acuerdo de 2022 pero que posteriormente fue desmantelado. Esta situación genera una brecha significativa entre los derechos y protecciones sociales disponibles para los autónomos y los que disfrutan los trabajadores por cuenta ajena, una inequidad que la organización ha situado como una de sus prioridades en la agenda política.