El jefe de personal de Kutxabank desmonta la auditoría interna que encendió el caso Cabieces

El llamado caso Cabieces que investiga un juzgado de Bilbao ante eventuales pagos irregulares por parte de la Kutxabank presidida por Mario Fernández al exdelegado del Gobierno socialista a través del despacho del abogado bilbaíno Rafael Alcorta se enreda aún más y deja entrever una notable falta de coordinación en el seno de la entidad financiera en lo relativo a este espinoso asunto.

Ayer prestaron declaración en calidad de testigos ante la juez encargada de la instrucción del proceso, Ana Isabel Álvarez, el responsable de recursos humanos y el director de auditoría interna, Fernándo López de Eguílaz y Roberto Moll, respectivamente. Ambos tuvieron un papel principal en la auditoría (investigación) interna encargada por el actual presidente del banco, Goyo Villalabeitia, y que sirvió de detonante del escándalo al ser entregada a la Fiscalía.

Un gesto este último que, en la práctica, encendió la mecha de un proceso judicial del que, curiosamente, se ha apeado de forma voluntaria la propia entidad financiera al entender que no le conviene mancharse demasiado y en el que se mantienen como imputados Fernández, Cabieces y Alcorta.

Aquel documento clave, al que ha tenido accceso EL DIARIO VASCO, sentenciaba que Kutxabank había soportado unos «costes por servicios no prestados» de 251.955, 54 euros (IVA incluido) ligados a la aparición en escena de Mikel Cabieces como colaborador de Rafael Alcorta, y explicaba que esa conclusión, a la que llegaba Moll, demostraba «los hechos denunciados por el Sr. López de Éguílaz».

«El destino final de dicho sobrecoste era que fueran abonados a la persona de M. C.», añadió la investigación que desarrolló Moll con absoluta discrección, pues así se lo había solicitado Javier García Lurueña, su superior y responsable de control y auditoria interna «dado el daño reputacional que este asunto puede ocasionar», subraya el documento.

La auditoría, que no incluye ninguna investigación exhaustiva en lo relativo al desempeño de Mikel Cabieces como abogado laboralista colaborador con Alcorta en asuntos ligados a Kutxabank, sólo muestra un apartado mínimamente indagatorio. Se trata del análisis de los movimientos de las cuentas corrientes de ambos, que sí se escrutaron en busca de traspasos, cheques o transfererencias relativas a la relación entre el letrado y el exdelegado del Gobierno.

Algo que, por otra parte, ha molestado sobremanera a Cabieces y a su defensa, que no descartan emprender acciones legales por ello. La investigación interna se desató (asegura el documento) después de que López de Eguílaz revelara a Goyo Villalabeitia «unos sobrecostes no oficiales abonados por orden» de Mario Fernández

Todo lo contrario

Pero, sin embargo, el jefe de recursos humanos del banco desmontó ayer con sus palabras ante la juez esa misma teoría. López de Eguílaz, según fuentes bien informadas, aseguró en su declaración que nunca había afirmado que no hubiera contraprestación laboral en todo lo relativo a la relación del banco con Rafael Alcorta y Mikel Cabieces.

Del mismo modo, el responsable de personal de la entidad aseguró en sede judicial que todas las facturas vinculadas a la iguala (un pago regular por unos servicios contratados) que cada mes recibía el bufete de Alcorta habían pasado todos los controles pertinentes.

El interrogado llegó a afirmar que «nunca» había denunciado una actuación irregular de Mario Fernández. De hecho, apuntó que jamás habló de este asunto con el expresidente de Kutxabank, más allá del momento incial de la contratación de Cabieces (algo que Fernández nunca ha ocultado) y que aquel no supo más del asunto hasta el momento, próximo a su salida de la presidencia de la entidad, en el que tocaba dar por concluido un compromiso que se asumió por tres años.

Es más, López de Eguílaz reconoció que la intervención del despacho con el que colaboraba Mikel Cabieces resultó esencial para los intereses del banco, al que reportó unos «pingües beneficios» gracias a su «magnífico trabajo». De hecho, el jefe de personal de Kutxabank explicó que en las fechas a las que se ciñe la investigación (2012 a 2014) su departamento se vio inundado de carga de trabajo.

Por aquel entonces, la fusión de las tres kutxas y la compra previa de CajaSur por parte de BBK elevaron la plantilla de 2.000 a casi 8.000 personas. Al ser cuestionado por la calidad y profesionalidad del gabinete de Alcorta, López de Eguílaz afirmó que su ayuda en un litigio ligado a las EPSV de los trabajadores fue de tal magnitud que supuso la diferencia entre la quiebra o la supervivencia de la entidad.

Para ahondar en la conveniencia de reforzar la iguala que BBK ya mantenía con el despacho de Rafael Alcorta (al que se incorporó como abogado laboralista colaborador Mikel Cabieces), López de Eguílaz detalló que hasta 2011 Kutxabank contaba con otro bufete pero que a finales de aquel año dejó de prestar sus servicios.

Aún así, y sumando los pagos a Alcorta a los de Cabieces, según detalló el ejecutivo, el coste total para el banco resultó inferior al que venía asumiendo cuando tenía contratados a los dos despachos. De hecho, López de Eguílaz aseguró que el incremento de tareas de su departamento en los últimos tres años respecto al manejado cuando era responsable de BBK se llegó a duplicar e, incluso, a triplicar.

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