La Sade insiste en el derribo interior del Bellas Artes y conservar sus fachadas

La empresa Sade, propietaria del edificio del Bellas Artes, se mostró ayer «satisfecha» con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que deja sin efecto la declaración de Bien Cultural, con la categoría de monumento, realizada por el Gobierno Vasco en marzo de 2015, y que reafirma el estado de «ruina» del inmueble.

La Sade mantiene que el Bellas Artes «necesita una solución sensata económica y culturalmente, lo que implica permitir a la propiedad explotar el edificio en igualdad de condiciones con otros edificios del entorno, posibilitando su derribo interior y su adecuación a los nuevos usos». Según la empresa, «se limitarían los aspectos de conservación a la fachada del edificio», y cita los casos de La Perla o el edificio del Hotel Hispanoamericano, ubicado en la esquina de San Martín con Prim, «que pasó de uso terciario a residencial manteniendo su imagen exterior».

En opinión de la empresa «esta solución permitiría recuperar el edificio para la ciudad tras 30 años de trabas burocráticas que han impedido su rehabilitación». Los responsables de la empresa donostiarra «apuestan por realizar un proyecto completo, que resuelva los problemas técnicos del edificio y los usos futuros del mismo, y lamentan que se opte por decisiones parciales, como la de reconstruir la cúpula sobre un edificio en ruinas y asignando obligaciones de pago a quien no las tiene».

Sobre el uso futuro, la directora gerente de Sade, Coro Odriozola, dijo que «la empresa cada vez piensa menos en un hotel y sí en otras posibilidades».

Una obra de 8 millones

La propietaria del teatro considera que la sentencia avala sus tesis. «Los magistrados consideran que el inmueble se encuentra en ruina, por lo que instamos al Departamento de Cultura a que retrotraiga sus actuaciones a aquella fecha y vuelva a decidir sobre la materia, pero en esta ocasión teniendo en consideración la situación de ruina. Si se declara un edificio en ruina como Bien Cultural es la Administración, y no la propiedad, quien tiene que asumir los gastos de la rehabilitación», puntualiza Sade.

La empresa recuerda que la propia Sala, en su sentencia de 1997, «había declarado que los costes de reparación superaban el doble del valor del edificio, una decisión ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo el 5 de diciembre de 2001». «En su sentencia, el Alto Tribunal reflejaba que dada la situación de ruina, a la propiedad solo le son exigibles las obras 'urgentes y provisionales que sean necesarias para prevenir riesgos para la seguridad de las personas y las cosas'. Es decir, las que ya viene asumiendo Sade, pero ninguna relacionada ni con la rehabilitación del edificio, ni ninguna otra actuación que vaya más allá de la prevención de riesgos».

La empresa espera ahora «que las administraciones cambien de actitud y asuman que reconstruir el Bellas Artes es una obra de enorme coste, del orden de los 8 millones de euros, y que esa cantidad tendría que salir del erario público». La empresa considera que «quedan sin base quienes apuestan por el conservacionismo a ultranza apoyados en la falsa hipótesis de que el coste del proceso recaería en la propiedad». Sade «insta al Gobierno Vasco a no insistir en esta vía, dado que los millones de euros que costaría rehabilitar el edificio recaerían en el erario público, cuando se trata de una cantidad que puede encontrar fácilmente otros objetivos culturales más importantes y prioritarios».

Sade confía en que el Ayuntamiento «renuncie a su pretensión de obligarle a reconstruir la cúpula a costa de la propiedad, decisión comunicada a la empresa por el Consistorio esta misma semana, y retire la orden de ejecución con la que pretende obligarle a invertir cantidades millonarias en rehabilitar el edificio. Como queda claro en esta sentencia el edificio está en ruina desde 1997, por lo que desde esa fecha la obligación de conservar el inmueble es municipal».

El gobierno municipal, por su lado, dijo ayer a través de una nota de alcaldía que «el Ayuntamiento entiende que la sentencia retrotrae el expediente del Gobierno Vasco a la situación anterior a la inclusión del edificio como Bien Cultural con la categoría de 'monumento' en el Inventario del Patrimonio Cultural Vasco. Es el Departamento de Cultura quien debe decidir qué pasos da a partir de la situación fáctica de ruina que establece la sentencia».

Respecto a la reconstrucción de la cúpula, «el Ayuntamiento esperará informes técnicos y jurídicos que analicen las consecuencias de la sentencia del TSJPV antes de tomar ninguna decisión. La situación relativa al edificio es de una gran complejidad técnica y jurídica, y el Ayuntamiento tiene en cuenta las posibles y graves responsabilidades económicas que pudieran derivarse para las administraciones públicas de cualquier decisión. Para analizar la situación actual el Ayuntamiento solicitará de forma inmediata una reunión al Departamento de Cultura con el fin de conocer cuál es su valoración e intenciones con respecto al edificio».