Astigarraga
«Pese a aumentar el parque de viviendas, el problema sigue latente en Astigarraga»El Gobierno Vasco dio el visto bueno ayer a la declaración del municipio como zona residencial tensionada, lo que permite adoptar medidas
Juan F. Manjarrés
astigarragA.
Viernes, 12 de septiembre 2025
El caso de la vivienda en Astigarraga es un poco llamativo: Ha duplicado prácticamente el número de habitantes, pasando de algo más de 4.000 a los casi 8.000 actuales, gracias a la construcción de un número importante de nueva vivienda. Pero esa construcción no ha traído un destensionamiento de la situación de la necesidad de vivienda en el municipio. «La cercanía de Donostia hace que muchas personas de allí vengan a Astigarraga a vivir, algo que genera que la situación de tensión no baje», afirmaba ayer el alcalde Xabier Urdandangarin en el anuncio llevado cabo en Erribera de la aprobación por parte del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco de Astigarraga, junto a Usurbil, como zona de mercado residencial tensionado. Una idea que era respaldada por el consejero Denis Itxaso, que enfatizaba en la idea de que es necesario actuar en todo al área metropolitana ya que «de nada sirve hacerlo a nivel local en un municipio ya que hay un trasvase de inquilinos de unos a otros».
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En el caso de Astigarraga, la declaración como zona residencial tensionada llega tras constatar que las familias destinan, de media, el 31,2 % de sus ingresos al pago de la vivienda -superando el umbral del 30%- y que las rentas de alquiler se han incrementado un 23,1 % entre 2017 y 2022, por encima de la evolución del IPC. En el acto celebrado ayer en Erribera Kulturgunea, el consejero Denis Itxaso, que estuvo acompañado por el alcalde de Astigarraga, Xabier Urdangarin, y la alcaldesa de Usurbil, Agurtzane Solaberrieta, subrayó que «se trata de dos municipios del entorno de Donostialdea que claramente se ven afectados por la tensión que genera la capital. Eso es lo que les une y por eso damos este paso juntos, porque, al igual que Hernani, están sintiendo los efectos de la atracción de San Sebastián sobre la vivienda».
Es decir, en este caso concreto estar cerca de Donostia no supone ninguna ventaja, más bien todo lo contrario. La propia alcaldesa de Usurbil reseñaba que esa llegada de gente de la capital suele estar marcada por personas que lo hacen con una capacidad económica superior a la de los usurbildarras, lo que cual colabora también en el encarecimiento tanto del coste de la vivienda como en el del alquiler.
La declaración tendrá una vigencia de tres años en ambos municipios y activa sendos planes de acción diseñados para ampliar la oferta de vivienda, regular los alquileres y reforzar el sistema de ayudas. Según señala Itxaso, «el tensionamiento está claro que es metropolitano».
503 nuevas viviendas
La revisión del plan general de Astigarraga, cuya aprobación inicial está prevista para finales de este año, contempla la posibilidad de construir 503 viviendas, de las cuales 110 (el 22%) serían de protección oficial, 65 (el 13%) de precio tasado, 50 (el 10%) para alquiler social y 278 (el 55% restante) de adquisición libre. A esto hay que sumarle varias operaciones de regeneración urbana en barrios como Santiagomendi, Murua, Errekalde o el centro urbano.
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La alternativa propuesta, ha explicado el alcalde Xabier Urdangarin, responde a la necesidad de ralentizar el ritmo de crecimiento del municipio, «que en 20 años ha doblado su población». El primer edil entiende que el crecimiento poblacional conlleva también problemas si no está acompañada de un aumento en los servicios que se ofrecen. «Es una realidad que en Astigarraga conocemos, quedándose pequeño el polideportivo, ambulatorio o la ikastola» afirma. Urdangarin también aprovechó el acto para poner en valor la labor de los ayuntamientos y solicitó mayor financiación tanto para la adquisición de suelo como para el desarrollo de los planes locales de vivienda. Asimismo, criticó la falta de consulta a los ayuntamientos en la reforma inminente de la ley del suelo.
La nueva situación contempla el tener un plan de acción que prevé una comisión de seguimiento conjunta entre el Ayuntamientos y el Gobierno Vasco, que evaluará anualmente los avances y revisará los indicadores de tensión.
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