EH Bildu acusa a la Delegación del Gobierno de «negar la palabra» a Baztan

EH Bildu ha acusado a la Delegación del Gobierno en Navarra de «negar la palabra a la sociedad baztanesa» al suspender la consulta, organizada por alcaldes del Baztan para el 20 de noviembre, sobre el uso del pastizal de Erdiz ante la afectación del proyecto minero de Magna.

Según ha explicado la coalición en un comunicado, los alcaldes jurados del Valle de Baztan «fueron citados en el cuartel de la Guardia Civil en Elizondo para recepcionar una notificación, a través de la cual se les requirió para que en el plazo de dos días suspendieran la consulta popular del día 20 de noviembre».

EH Bildu ha defendido que «la consulta es un ejercicio democrático que busca escuchar a la ciudadanía sobre el uso al que quieren destinar unos terrenos propiedad del valle». Ha afirmado que «la legislación navarra establece que la ciudadanía navarra tiene derecho a emitir su opinión 'en los diferentes procesos participativos' y a tener 'un papel protagonista' en la toma de decisiones relativas a las políticas públicas».

Para la formación, con este requerimiento la Delegación del Gobierno «trata de negar la palabra a la sociedad baztanesa, tal y como ya ocurrió anteriormente con el proyecto de Aroztegia y como ya se ha hecho en dos instancias diferentes con la consulta no refrendaría sobre Erdiz (en la Junta del Valle y en el Ayuntamiento)».

Ha criticado, además, que «el proyecto se está tramitando como Proyecto de Incidencia Supramunicipal, saltando así por encima de la autonomía municipal de los Ayuntamientos afectados, y hurtando al Ayuntamiento de Baztan la posibilidad de decidir qué destino quiere dar a los terrenos de Erdiz».

EH Bildu ha considerado que una consulta «debería considerarse siempre como un ejercicio ciudadano que refuerza la democracia participativa». En este sentido, ha defendido «la autonomía municipal y la utilización de la consulta popular para que se garantice que la ciudadanía de Baztan pueda decidir sobre el pastizal de Erdiz».

El representante del Gobierno de España, haciendo referencia a los artículos 65 y 66 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 44.1 de la Ley 29/1996, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha requerido a los alcaldes y a las alcaldesas la no celebración de las consultas convocadas para el 20 de noviembre, decisión que deberán comunicar a la Delegación del Gobierno en el plazo de 2 días desde la notificación del requerimiento. Se les comunicaba también que «actuarán en la forma que legalmente proceda, sin prejuicios de posibles responsabilidades administrativas y/o penales». Considera que «es disconforme a derecho al no ser el asunto objeto de la consulta popular de carácter local ni de competencia propia».

La consulta se hace sobre el comunal de Erdiz y el proyecto de Magnesitas Navarras para abrir en él una explotación minera.

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