La planta de residuos de papel «disfrazó una incineradora como actividad industrial»

«El proyecto de la empresa Valogreene no se ajustaba al planeamiento municipal y se quiso disfrazar de actividad industrial lo que era, en realidad, una actividad de incineración de residuos», manifestó el alcalde de Bergara, Gorka Artola (EH Bildu), esta mañana en rueda de prensa para valorar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anula la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que el Gobierno Vasco aprobó en 2022 a la empresa Valogreene. La compañía inició en 2021 las gestiones para la instalación de una planta de tratamiento de residuos de la industrial papelera en el polígono industrial de Larramendi en la localidad del Alto Deba.

El recurso interpuesto por el consistorio bergarés a la AAI se ha apoyado en que la actividad principal era la incineración de residuos y no la producción industrial, lo que incrementa el grado de exigencia ambiental a la actividad.

El fallo declara disconforme a derecho los actos administrativos y los anula, e impone las costas al departamento autonómico. El Gobierno Vasco dispone de un periodo de 30 días, sobre la sentencia del 21 de mayo, para presentar recurso de casación antes de que sea firme.

El alegato municipal «denunció desde el primer momento que los cambios establecidos en el proyecto no habían sido suficientemente estudiados y que en la autorización aprobada se aceptaron varias excepciones sin justificación, generando riesgos potenciales para la salud de las y los ciudadanos y el medio ambiente», apuntó Artola.

El Ayuntamiento aprobó la actividad en 2021 sobre una descripción de «planta de producción ecológica de cargas minerales para la industria», y tras detectar que no coincidía con la petición de la autorización ambiental «planta para la gestión de residuos» con la incineración como proceso, emitió dos decretos en 2022 y 2023 desautorizando el visto bueno inicial.

El juzgado ha entendido que la actividad final de la planta proyectada por Valogreene era el tratamiento de residuos más allá de la producción industrial. Un matiz que modifica el grado de exigencia de la autorización ambiental.

El letrado que ha representado al consistorio, José María Abad, ha señalado en la comparecencia que en las previsiones de la compañía la gestión de residuos estaba estimada en unos ingresos anuales de 8 millones de euros, mientras que la venta del producto calcáreo resultante para usos industriales tenía una estimación de 2 millones de euros.

Y ha añadido que el tribunal reconoce que «la solicitud no se ajustaba a la realidad», y ha recordado que la sentencia refleja que el Gobierno Vasco aplicó excepciones a una normativa de emisiones para el permiso que no está justificada y que obliga a tomar medidas más severas. El juzgado también señala que las resoluciones municipales de no compatibilidad urbanística, deberían haber paralizado la trámitación de la autorización.

El gobierno municipal valora muy positivamente la sentencia y destacó Artola «a lo largo de todo el proceso hemos actuado con transparencia y prudencia, primando el interés general de la ciudadanía. No ha sido fácil. Algunos pensaban que el Ayuntamiento de Bergara sería incapaz de mantenerse firme ante el Gobierno Vasco y una gran empresa. Pero hemos demostrado que haciendo las cosas bien, puede haber posibilidad de que las cosas se recuperen. Hemos trabajado con honestidad dentro de la ley y en defensa del interés general».

En la intervención en el salón de plenos ha censurado la actitud de algunos sectores: «En esta administración siempre hemos defendido el trabajo conjunto con los técnicos municipales. Su profesionalidad ha sido fundamental y el trabajo conjunto con expertos asesores ha dado pie a la anulación de decisiones que podían ser contraproducentes para Bergara. Nosotros hemos tenido claro el interés general de nuestro pueblo por encima de los intereses particulares y hemos demostrado que en este Ayuntamiento hacemos las cosas bien y con honestidad y eso lo defenderemos ante cualquiera».

Los rectores locales califican como dañino el proceso para la perspectivas de desarrollo del polígono de Larramendi. «Ha sido una pérdida de tiempo y oportunidades. El proceso se podía haber gestionado de otra manera entre las administraciones, sin tener que llegar a los tribunales». Y esperan un cambio de rumbo tras la resolución: «Que la sentencia sea una nueva oportunidad para el futuro. Ahora podemos mirar la zona de Larramendi con otra perspectiva, con la posibilidad de desarrollar otros proyectos. A partir de hoy es el momento de empezar a poner a Larramendi en beneficio del tejido industrial y del desarrollo socioeconómico de Bergara».

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