Las Juntas Generales aprobaron ayer instar al Gobierno central a que garantice la financiación de la Ley de Dependencia. La Cámara foral rechazó la modificación de la normativa aprobada por el Gobierno del PP, cambio que supone una moratoria de un año en la percepción de las prestaciones que corresponden a los dependientes moderados.
La Diputación asumirá las prestaciones durante ese aplazamiento. El calendario para el desarrollo de la Ley de Dependencia establece que a partir de 2011, las personas valoradas con un grado de dependencia 1.2 tienen derecho a percibir una prestación económica.
El diputado de Política Social, Ander Rodríguez, explicó la semana pasada, cuando anunció la decisión foral, que «el Gobierno español ha establecido una moratoria para paralizar a lo largo de 2012 el acceso a esta ayuda económica. Por ello, la Diputación asumirá el pago íntegro de las prestaciones que les corresponden a las personas que sean valoradas con grado 1.2 durante este año». Esta medida supondrá un desembolso aproximado de 325.000 euros para las arcas forales.
A su vez, la Cámara manifestó su oposición a la congelación del salario mínimo interprofesional, al tiempo que reivindicó que Euskadi cuente con un marco propio de relaciones laborales.
En otro orden de cuestiones, las Juntas Generales aprobaron, con la abstención del PP, un texto en el que expresan su oposición a la prórroga de la licencia de explotación de la central nuclear de Garoña y exigen su «cierre definitivo».
La Cámara dio luz verde por unanimidad a una enmienda transaccional de PSE, Bildu y PNV en la que se insta a la Diputación a mantener los compromisos para la ejecución y financiación de una rotonda en el enlace norte de la N-I, en Tolosa, junto a la gasolinera de Arriaran.
