Las mujeres litigaban en Euskadi hace ya 500 años contra la violencia machista

«Y no pienses con tu ira maltratarme, que justicia hay para todos: a todos es igual. Tan bién seré oida aunque mujer, como vosotros muy peinados». Esta frase, incluidas lo que actualmente serían faltas de ortografía, aparece tal cual en los diálogos de 'La celestina', la comedia que se atribuye a Fernando de Rojas y escrita a finales del siglo XV. La pronuncia la vieja trotaconventos y hace referencia al derecho que le asiste como mujer para defenderse si es maltratada.

Y esta frase, que ha pasado desapercibida para muchos lectores del famoso libro tragicómico, resume en parte la investigación llevada a cabo por Sabina Álvarez Bezos (Valladolid, 1964), doctora en Historia Antigua y Medieval por la Universidad de Valladolid, y recogido en un libro publicado este año. Porque, muy al contrario a lo que hasta ahora se creía, entonces, en la Baja Edad Media, hace 500 años, las mujeres de la Corona de Castilla -a la que pertenecían los territorios vascos- ya pleiteaban para defenderse de sus maltratadores y las autoridades no dudaban en poner órdenes de alejamiento a los agresores, a quienes condenaban e, incluso, ordenaban que sus fechorías fuesen pregonadas por las calles del pueblo para conocimiento de todos los vecinos. ¿Se imaginan que hoy en día se hiciera algo similar?

Porque no es cierto que a lo largo de los siglos el maltrato a las mujeres se ha vivido intramuros. «La mujer no solo ha sido víctima de los malos tratos a lo largo de la historia, sino que también ha sido protagonista de su propia historia, en el sentido de que ha luchado por su libertad y por su dignidad. No es justo seguir definiéndola como un mero objeto pasivo de la sociedad. Las mujeres eran mucho más litigantes de lo que en principio cabría esperar y se defendían con uñas y dientes», asegura la investigadora.

El libro 'Violencia contra las mujeres en la Castilla del final de la Edad Media' se centra en el período 1450-1512, en su mayoría bajo el reinado de los Reyes Católicos, en los territorios que entonces englobaba la Corona de Castilla, en los que se incluyen Gipuzkoa, Bizkaia y Araba. Por este motivo, muchos de los documentos analizados corresponden a denuncias de mujeres vascas que piden protección para defenderse de la violencia de sus maridos o de sus propios hijos, o que pleitean para defender sus derechos. Así, recoge casos de Bergara, Orduña, Azkoitia, Alda, Miravalles, Bilbao, Gernika, Arrankudiaga... No obstante, los casos más documentados de violencia de género ocurren en otras zonas de la Corona de Castilla, en las que se detallan agresiones a mujeres con los testimonios de vecinos y criados incluidos. «Los criados declaran que le agrede, le rompe un dedo, le tira de los pelos...», reza la denuncia de Doña Mencía de la Vera (1456-1515), señora de Tordehumos (Valladolid), y casada con Fernando de Granada, hermano de Boabdil, último rey de Granada. Y las de hace 500 años no serían las primeras denuncias por maltrato en el Estado. «He encontrado documentos de denuncias anteriores. No hay que olvidar que ya en las Partidas de Alfonso X El Sabio (siglo XIII) se recogen posibilidades para que las mujeres denuncien», recalca la investigadora.

Las leyes

Según explica la autora del libro, mujeres «de toda condición, ricas y humildes, musulmanas y judías» de la Baja Edad Media acudían a la justicia para defenderse del maltrato. «Existía la figura del abogado de los pobres». Y lo hacían porque en aquella época también había leyes que impedían el maltrato. «Un hombre no podía matar a su mujer si esta había cometido adulterio. La ley le instaba a denunciarlo para que se pudiera defender». Como recuerda Álvarez, en aquel entonces la mayoría de territorios de la Corona tenían «sus fueros y leyes propias, pero luego los Reyes hacían un intento de unificar la legislación y tener una normativa de carácter general». En el caso del maltrato a las mujeres, la legislación de los monarcas era «mucho menos permisiva con el maltrato que la foral. Y aunque en no pocos lugares los fueros tuvieron muchísimo peso frente a las leyes reales de carácter general, finalmente se imponía la norma regia».

Las mujeres que querían defender sus derechos primero acudían a los alcaldes de los consejos y, si no obtenían respuesta, recurrían a instancias superiores como la Chancillería de Valladolid -donde hay una sala llamada de fijosdalgos de Vizcaya, exclusiva para casos de litigantes vascos-, o incluso, al Consejo Real, que era «algo así como el tribunal Supremo de la época y al que podían llegar directamente casos de gente sin recursos». Son precisamente documentos de estos dos tribunales los analizados por Álvarez en el Archivo de Simancas y de la Chancillería.

Los agresores

«Son exactamente los mismos que hoy en día», sentencia la investigadora. Primero los maridos, que «agredían o mataban a sus mujeres amparándose en el adulterio, pero también agredían física y psicológicamente a las mujeres por la cuestión de la bigamia, muy extendida a pesar de que entonces estaba prohibida. Incluso, a algunas mujeres las sometían a ser criadas o siervas de sus otras mujeres». En otras ocasiones, el maltrato provenía de los hermanos que, por una cuestión de herencias, no dudaban en encerrar a sus hermanas hasta la muerte. Al respecto, Álvarez Bezos recuerda el caso de Beatriz Delgadillo, que en 1484 fue encerrada en una torre en Castrillo de Don Juan (Palencia) junto a su hermana María, ambas menores de edad, por su hermano Don Juan, tras la muerte de su padre, con el objetivo de quedarse con toda la herencia. Durante el encierro, en el que pasan hambre y frío, muere la hermana. Finalmente, un criado de su hermano avisa a los Reyes y denuncia los hechos. Tras ser liberada, «Beatriz decide ir a por su hermano y pleitea hasta que le condenan a muerte».

Como explica la autora del libro, también eran agresores los vecinos de las mujeres, que cometían violencia sexual, o los señores, que lo hacían con el servicio doméstico. «He encontrado muchos documentos de denuncias de mujeres que pleiteaban porque el señor de la casa en la que trabajaban las había violado», afirma la investigadora.

La protección

Como en la actualidad los jueces imponen medidas de protección para las mujeres que denuncian maltrato, que pueden concretarse en órdenes de alejamiento, en la Baja Edad Media también existía algo similar. «Podían solicitar una Carta de Seguro y lo hacían», afirma Álvarez. Según explica, para conseguir esa orden de alejamiento, las mujeres tenían que hacer un escrito «a los Reyes solicitando el documento y explicando que su marido le había pegado o amenazado de muerte». Una vez concedido, era un documento que los pregoneros tenían la obligación de vocear en el lugar donde vivía la víctima y en los lugares próximos donde se conocía a estas personas, para que todo el mundo supiera que tal persona no se podía acercar a su mujer. Entre otros documenos, en el libro aparece la petición de María Sarmiento, de Orduña, que en 1488, cuando queda viuda, reclama a los monarcas la Carta de Seguro para defenderse de su propio hijo, Pedro López de Ayala. «Dice que tiene miedo de su hijo y de sus hombres y criados y está segura que la herirán o matarán a ella o a sus otros hijos» para quedarse con la herencia.

Las condenas

«Se denunciaba y los litigios no quedaban en papel mojado. El señalado como culpable de asesinato o maltrato debía pasar por todo un proceso judicial y, en el caso de ser declarado culpable, veía cómo eran secuestrados sus bienes y, cuando la sentencia era definitiva, era desterrado, condenado a galeras o a la pena de muerte», explica Álvarez. En las cartas ejecutorias de sentencias se detallaba todo un proceso que también era público: «que se le coja, se le ate las manos, se le suba en un burro pregonando todo lo que ha hecho en la plaza del pueblo y se le clave un cuchillo hasta que le salga el ánima del cuerpo». Eso sí, en ocasiones el sentenciado podía ser perdonado. «Cuando llevaban un tiempo de condena, intentaban obtener el perdón de la familia de la víctima o la agredida. Durante mucho tiempo los historiadores han mantenido que este perdón era gratuito. Y no es cierto. Porque yo he encontrado muchos documentos en los que se refleja que para conseguir el perdón había una cuantía económica muy cuantiosa», asegura Álvarez.