Fin del viejo modelo de los vertederos

En realidad, se empezó a construir hace dos años, cuando el PNV ganó las elecciones forales y eligió al PSE como socio de Gobierno. Desde entonces, la incineradora de Zubieta ha sido promesa, anuncio estrella, prioridad administrativa, proyecto «de última tecnología», concesión millonaria y objeto de recursos varios. Hoy empieza a ser obra. La Diputación Foral de Gipuzkoa confía en que en otoño de 2019 sea la solución definitiva a la generación de residuos de Gipuzkoa.

La sociedad que ejecutará la infraestructura, Ekondakin, se comprometió el 3 de abril, fecha de la firma del contrato, a que la planta de valorización energética entre a funcionar en 30 meses. Los últimos del viejo modelo. El de los vertederos. Primero los de Gipuzkoa -San Markos (Errenteria), Urteta (Zarautz), Sasieta (Beasain) y Lapatx (Azpeitia)- y cuando éstos se han cerrado, también los de otros territorios. De momento, Cantabria. Pero el convenio con Meruelo finaliza este año y hará falta tocar la puerta de alguna otra comunidad para destinar los residuos que se generen hasta otoño de 2019.

A partir de esa fecha, la gestión de residuos entrará en esa otra etapa que situará a Gipuzkoa, tal y como ha reiterado la Diputación, «entre los países más avanzados de Europa», los que destinan aquella basura que no se puede reciclar a la obtención de energía -valorización- en lugar de enterrarla. Alemania, con un porcentaje de reciclaje del 65% y una valorización del 35%, ha sido citado por responsables forales como el modelo a seguir. Cuenta para soportar este equilibrio con 99 plantas de valorización energética.

Alemania es el modelo que se ha tomado como referencia pero la incineración es un sistema que se ha implantado en realidad en toda Europa. Las 99 plantas germanas se quedan cortas al lado de las 126 que existen en Francia. Otras 44 en Italia, 32 en Reino Unido, 30 en Suiza, 18 en Bélgica... y así, uno por uno, todos los países europeos han apostado por la incineración como el sistema más adecuado para el tratamiento final de los residuos no reciclables. La existencia de 477 plantas de este tipo, de las que la de Gipuzkoa será la más avanzada, lo demuestran.

Incluso los países nórdicos, tomados a menudo como referencia en cuestiones medioambientales, han hecho de la incineración su sistema de tratamiento final. En Suecia cohabitan 33 plantas, 26 en Dinamarca, 17 en Noruega y 9 en Finlandia.

Ante los recelos mostrados por parte de la población, preocupada por el impacto medioambiental que pueda provocar la infraestructura o incluso los riesgos que pueda acarrear en la salud de las personas expuestas a su actividad, la directora general de Urbaser, María Jesús Ramírez, señaló el día de la firma del contrato que «se han implementado en el proyecto todas las medidas de prevención y protección necesarias para evitar cualquier impacto medioambiental».

Como botón de muestra, explicó que las dos líneas de la incineradora, dos hornos con capacidad para albergar 100.000 toneladas de residuos al año, «dispondrán de la mejor tecnología que existe en depuración de gases, lo que nos permite garantizar que las emisiones van a ser reducidas a la mitad de lo que marca una legislación europea que, ya de por sí, es mucho más estricta que en otros sectores».

Emisiones monitorizadas

Según la máxima responsable de una de las firmas adjudicatarias, la instalación se ha dotado de un sistema de limpieza de gases innovador, «que no dispone actualmente ninguna planta en España y que está comenzando a instalarse en alguna planta del norte de Europa».

Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa (GHK) actuará de intermediario con la sociedad concesionaria, lo que supone, más allá de efectuar los pagos que procedan una vez que la incineradora esté funcionando, ejercer un control sobre la eficiencia de la valorización y un seguimiento de las emisiones de gases contaminantes, la principal arma arrojadiza de quienes se oponen al proyecto.

Estas emisiones estarán monitorizadas continuamente, según aseguran los constructores. Los datos llegarán a la viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y al Consorcio de Residuos. En la chimenea habrá sistemas de medición y la comunicación de la oscilación de valores emitidos será continua y pública.

Por su parte, desde el punto de vista energético se aplicará una tecnología «muy eficiente y de gran rendimiento que evitará 94.000 toneladas de CO2 en emisiones al medio ambiente», sostienen las mismas fuentes. La incineradora se diseñará para generar energía eléctrica estimada en 160.000 megawatios anuales, lo que equivale al consumo de 45.000 hogares o 120.000 personas.

El apartado económico ha sido otro de los caballos de batalla entre los impulsores de la planta y sus detractores. El montante total de esta operación de financiación, construcción y explotación durante 32 años asciende a 768 millones de euros, lo que equivale a un canon de 24 millones anuales que los guipuzcoanos pagarán a partir de que las instalaciones estén en funcionamiento a través de GHK. Antes, la concesionaria deberá adelantar unos 200 millones para financiar las infraestructuras por cuya explotación luego recaudará su dinero.

El diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio (PSE), ha reiterado en más de una ocasión que la entrada en vigor del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa con sus cuatro plantas no encarecerá lo que los guipuzcoanos hoy ya pagan por la gestión de sus residuos. Que llevar los residuos a incinerar a Zubieta no saldrá más caro que enviarlos a vertederos de Cantabria, Navarra u otra comunidad.

La Diputación prevé que la primera fase del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa -incluye la incineradora y la planta de tratamiento mecánico-biológico- generará un total de 188 empleos -80 directos y 108 indirectos e inducidos- y ahorrará al territorio cerca de 200.000 euros en energía. La sociedad concesionaria ha sido constituida en Gipuzkoa y por tanto su residencia fiscal se encuentra en el territorio, por lo que todo lo relativo a impuestos como el IVA, el impuesto de sociedades, o los IRPFs serán generados para las arcas guipuzcoanas.

En cuanto a las empresas que asumen el encargo de construir la infraestructura, lidera el grupo adjudicatario Urbaser, firma perteneciente a ACS hasta el año pasado que ahora ha sido adquirida por el grupo chino CNTY, especializado en medio ambiente y gestión de residuos, y que cuenta con siete plantas instaladas y otras seis actualmente en construcción, con las que prevé gestionar un total de 5 millones de toneladas anuales.

Tecnología alemana

No obstante, pese a contar con capital chino, Urbaser se ha embarcado en este reto junto con la alemana Steinmuller Babcok, el responsable de las tecnologías que se apliquen en el horno de la planta de valorización. Se trata de un referente mundial en esta materia, con 460 unidades de combustión instaladas y 49 plantas de este tipo a lo largo de todo el mundo. En este caso, Steinmuller no será un mero proveedor sino que se ha constituido en socio constructor por imposición del financiador, que ha querido amarrar todas las garantías para que la infraestructura no tenga fisuras.

Les acompaña en el proyecto Meridiam Investments, grupo inversor francés que participa en infraestructuras públicas de todo el mundo. Ha financiado y explota proyectos tan dispares como la línea de alta velocidad entre Tours y Burdeos (Francia), el complejo universitario de Hertfordshire (Reino Unido), la autopista que une Frankfurt con Karlsruhe y Basilea (Alemania) o un puente en el puerto de Miami (Estados Unidos). Esta firma ha sido la encargada de conseguir la financiación suficiente para arrancar con el proyecto en los mercados internacionales.

Completan la sociedad concesionaria cuatro empresas guipuzcoanas: LKS, Moyua, Murias y Altuna y Uria. Las cuatro asumen responsabilidades solidarias junto al resto de empresas que participan en el proyecto. Acapararán algo menos del 30% en la UTE constructora y cerca del 40% de la UTE que se genere para la fase de operación y mantenimiento durante 32 años.

Serán también las empresas locales las que arranquen los trabajos que a partir del miércoles visualizarán la materialización del proyecto que mayores encontronazos ha suscitado en la política guipuzcoana de las últimas legislaturas y que tampoco se librará de la movilización de quienes se oponen al nuevo modelo de gestión de residuos.