Algo inusual hay en el sumario del chivatazo a ETA. El juez Baltasar Garzón levantó el secreto de la causa el 5 de octubre, pero el acceso a la misma es restringido. El instructor sostiene que la delicadeza de los datos que han aflorado con la investigación no aconseja su conocimiento, y si se esos datos viesen la luz podrían causarse «daños irreparables» al Estado.
El juez dice que si llegaran al «conocimiento público» la totalidad de las pesquisas, encaminadas a saber quién avisó en mayo de 2006 a la trama del cobro del impuesto revolucionario de que la Policía pisaba sus talones, podrían producirse «perjuicios irreparables» para la «seguridad del Estado».
El 4 de mayo de 2006, cuando la Policía iba a efectuar una redada contra el aparato de extorsión de ETA que operaba desde el bar Faisán, en Irun, alguien avisó a los terroristas de la inminencia de la operación. El delator, según las escuchas telefónicas a Joseba Elosúa, el cabecilla, pretendía preservar el incipiente proceso de paz abierto tras el alto el fuego que había declarado ETA dos meses antes.
Pocas veces Garzón ha puesto tanto ahínco en preservar la reserva de un sumario ya instruido. El hecho de que los principales sospechosos del chivatazo fueran mandos policiales y altos responsables del Ministerio del Interior le ha llevado a extremar las medidas para evitar filtraciones. Ha llegado a amenazar por escrito con acciones «disciplinarias» y «penales» a los dos colectivos personadas en el proceso, Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia, si filtran algún dato. Idénticas advertencias ha lanzado a los «funcionarios públicos» del tribunal.
En cualquier caso, las partes iban a tener muy difícil hacer públicos datos sobre las investigaciones porque ni siquiera van a tener copias de las mismas. Garzón, en una decisión con muy pocos precedentes, ha prohibido «efectuar copias, fotografías o cualquier otro procedimiento mecánicos de reproducción de las actuaciones». Los abogados, y en horas tasadas, sólo podrán consultar en dependencias de la Audiencia Nacional los miles de folios del sumario. Con los datos recopilados en esos vistazos apresurados deberán presentar antes del próximo día 27 sus alegaciones contra la pretensión de la Fiscalía de dar carpetazo al asunto sin sentar a nadie en el banquillo.
Posible cierre del caso
Los abogados de las acusaciones populares cuando presenten las alegaciones contra el archivo corren también el riesgo de que Garzón actúe penalmente contra ellos si en los escritos hay referencias a datos comprometedores sobre agentes bajo sospecha y estos papeles de las acusaciones terminan por ver la luz pública.
En esta situación de opacidad, si el juez decide aceptar la petición del Ministerio Público de cerrar el caso jamás se conocerá a quién se investigó y qué se indagó. El artículo 301 de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal sólo contempla que las diligencias dejen de ser secretas cuando se abra juicio oral, algo que nunca ocurriría si el juez da carpetazo a la causa.
Si no se llega a juicio, nunca se conocerá un dato básico: por qué la Fiscalía no dio credibilidad a los informes de la Policía que señalaban que el ex director general del cuerpo, Víctor García Hidalgo, cuyo teléfono llegó a ser pinchado por orden judicial, y dos mandos clave de la lucha antiterrorista en el País Vasco estaban detrás de la delación a los recaudadores de ETA que operaban desde el bar Faisán de Irun. te. COLPISA
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