Las grandes inmobiliarias reclaman 40.000 millones al Gobierno para paliar la crisis

MADRID. «El precio de la vivienda usada ha crecido más que el de la nueva en la última década, hay más margen para abaratar en los pisos de segunda mano que en los nuevos». Así se expresó ayer Pedro Pérez, el presidente del llamado G-14, el lobby de las grandes inmobiliarias cotizadas españolas. El representante del sector, que eludió cualquier referencia a rebajas por parte de las compañías, pidió al Gobierno que respalde sólo este año con 40.000 millones de euros el mercado de titulizaciones de hipotecas para que las empresas puedan mantener la actividad.

Los empresarios no pueden apretarse el cinturón pero las economías familiares lo tienen más fácil. Ese es el diagnóstico que hace el G-14, que -en contra de sus colegas de la Asociación Española de Promotores y Constructores (Apce)- alabó el discurso del vicepresidente Solbes en cuanto a no evitar de forma artificial un ajuste del ladrillo. «Ese no es el debate, el problema es la falta de liquidez en los mercados, que los bancos no dan créditos», apuntó Pedro Pérez en un encuentro con la Asociación de Corresponsales Extranjeros, en el que intentó también lavar la imagen de los inmobiliarios españoles, muy afectada en el exterior por los últimos casos de corrupción.

El representante de las grandes empresas -que en realidad no suponen más de un 8% de todo el negocio en España- reclamó un marco legal urbanístico más ágil y suelos más baratos. Eso en lo que concierne a ayuntamientos y comunidadades autónomas.

Financiación

Y en lo referente al Gobierno central, el directivo solicitó que España imite a Reino Unido, donde su Banco Central cambió recientemente titulizaciones de hipotecas (emitidas por las entidades financieras) que vencían en breve por bonos estatales. Esta medida, aseguró Pérez, permitiría que los empresarios recibieran la financiación que necesitan para seguir construyendo casas. Otra de las solicitudes del G-14 es que se les permita a las empresas levantar cuantas casas quieran en cada parcela; no como hoy día, en que los planes urbanísticos limitan el número de pisos de cada promoción.

Para reforzar su petición, Pérez advirtió que la iniciación de pisos cae a un ritmo del 60% respecto a 2007 y que por cada casa que no se levanta se destruyen 2,3 empleos. A su juicio, si no se toman medidas urgentes 250.000 trabajadores del sector pueden ir al paro este año. «Estoy convencido de que Pedro Solbes es consciente de la importancia del sector inmobiliario y, como es un hombre responsable, sabe que no se le puede dejar caer a niveles de poca actividad».

El ladrillo tenía ayer otra cita importante: el encuentro oficial entre la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y la APCE. Los promotores salieron de la entrevista más bien desilusionados, pues Corredor les repitió el mensaje del vicepresidente económico: ni un euro público para solucionar los problemas de un sector que ha cometido enormes excesos. Fuentes gubernamentales recordaron que las promotoras acumulan un crecimiento de sus beneficios del 600% en la última década. COLPISA