Vivienda echa a la calle a los morosos

No todos los embargos de pisos se ejecutan a instancias de los bancos y de las cajas de ahorro. El Gobierno Vasco desahució el mes pasado a 14 propietarios de viviendas sociales porque no habían devuelto ni un céntimo de los préstamos blandos que les había concedido, principalmente entre 1987 y 2003, para comprar esos inmuebles por menos de 40.000 euros. La decisión de echar a la calle a los morosos contumaces -el 'récord' lo tiene uno que acumuló 23 años sin pagar- fue adoptada por el Ejecutivo autónomo «tras no haberse llegado a ningún acuerdo con los propietarios o ante la negativa reiterada de estos de ponerse en contacto con el Departamento de Vivienda». En conjunto, los 14 desahuciados adeudaban 488.461 euros a las arcas autonómicas.

El fraude ha salido a la luz a causa de las estrecheces presupuestarias de la Administración vasca. Al andar escasa de dinero, la consejería de Iñaki Arriola puso la lupa el año pasado sobre los expedientes de 5.600 viviendas sociales que se adjudicaron en propiedad en Euskadi hasta mediados de los noventa -desde entonces sólo se entregan en régimen de alquiler salvo en casos de realojo-. Y tras realizar un examen exhaustivo, que ha incluido también los inmuebles sociales otorgados en régimen de arrendamiento, se comprobó que algo más de un millar de titulares inspeccionados, tanto propietarios como inquilinos, tenían cuentas pendientes con el Gobierno Vasco por un importe global de 5,4 millones de euros.

Proceso de recobro

No obstante, dentro de ese colectivo, que es heterogéneo, los funcionarios de Vivienda se centraron en 206 personas clasificadas como «grandes deudores», ya que se han pasado más de cinco años, bien sin pagar las cuotas del préstamo con el que compraron el piso social (la inmensa mayoría), bien sin abonar el alquiler mensual correspondiente (asciende a una media de cien euros). Ese grupo de morosos -115 en Vizcaya, 73 en Gipuzkoa y 18 en Álava- debía a la Administración autonómica 3,9 millones de euros en total. Una decena de ellos no había echado la mano al bolsillo desde hace una década o más años.

Tan llamativa resulta la actitud de esos ciudadanos como la de la Administración vasca, que tampoco ha intentado recuperar el dinero durante ese tiempo, limitándose a enviar cartas a los interesados. Sin embargo, el Gobierno autónomo puso en marcha en octubre pasado un proceso de recobro que consta de tres fases: envío de requerimientos de pago, atención telefónica para resolver dudas y entrevistas en las delegaciones territoriales para negociar salidas «personalizadas», pues a fin de cuentas se trata de recuperar lo adeudado antes o después.

No obstante, para beneficiarse de una solución a medida, el afectado debe demostrar «la voluntad de regularizar su situación» en los términos recogidos en el reglamento de recaudación de la Hacienda General del País Vasco. El artículo 22.1 establece que «podrá aplazarse o fraccionarse el pago de la deuda, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, previa solicitud del obligado, cuando su situación económico financiera, discrecionalmente apreciada por la administración, le impida transitoriamente efectuar el pago de sus débitos».

Según la consejería de Iñaki Arriola, aparte de los 14 desahuciados en enero, a mediados de ese mes se habían resuelto «de forma satisfactoria» otros 39 expedientes correspondientes a grandes deudores que pasaron por el aro. Ocho de ellos se cerraron con la «cancelación total de las deudas existentes», lo que ha permitido al Gobierno Vasco ingresar 108.335 euros. Los 31 procedimientos restantes, por un montante de 573.625 euros, se han ventilado con aplazamientos de pago por un año, si bien en los casos en los que la cantidad pendiente es respetable se han concedido 18 meses.

Hay otro grupo de 30 morosos que está discutiendo con la Administración cómo pueden desembolsar lo que deben. Sin embargo, el Departamento de Vivienda todavía no ha conseguido ponerse en contacto con 123 individuos a los que ya ha enviado notificaciones «para proceder a negociar la fórmula de pago de sus deudas». Vivienda aclara que, dejando a un lado a los 206 grandes deudores, el resto de los impagos detectados en el parque de pisos sociales obedecen a demoras muy diversas. «Por regla general -señalan en la consejería-, cuando hay un motivo de fuerza mayor, es el propio afectado el que llama apurado al Gobierno Vasco para avisar de que, en un momento dado, no pueda pagar. En esos casos tratamos de buscar una solución».