Cobrar un sueldo solo por vivir

Järvinen ha puesto rostro a las carencias en un país del que no solemos sospechar que existan. En la televisión pública YLE explicó que esta experiencia le ha permitido «hacer de nuevo el salto a una vida normal». Le liberó de su etapa en el paro, cuando tenía que rechazar ofertas laborales mediocres para no perder el subsidio. «En este tiempo pude aceptar contratos y mejorar mis contactos y mi autoestima», plantea.

En Helsinki presentarán un balance global del experimento en las próximas semanas, aunque los primeros avances apuntalan el ejemplo de Juha Järvinen: «Se han reducido los niveles de ansiedad de los beneficiarios».

Finlandia es el último 'laboratorio' social de la aplicación de la renta básica ciudadana, el derecho a cobrar un salario simplemente por existir. «Es una experiencia parcial y no refleja todos los perfiles. Pero lo importante es que se siga debatiendo. Y en 2018 se ha hablado como nunca de renta básica», resume el profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona y presidente de la Red Renta Básica en España, Daniel Raventós.

En algunos casos, como Suiza, se fue más allá. El país rechazó en 2016 instaurar una renta básica de 2.500 francos al mes (algo más de 2.100 euros) para todos sus ciudadanos. Se impuso el miedo a que fiscalmente fuera «inviable por los costos». Pero un 23% apoyó la medida.

Bélgica, Holanda, Alemania, Canadá, Gran Bretaña y Francia, entre otros países ricos, y Namibia, India o Kenia, entre los que están en vías de desarrollo, ensayan o están en trámites de aplicar experimentos parciales para analizar la viabilidad de un uso generalizado de la renta básica.

Con más 30 años sobre la mesa de economistas y políticos, el derecho a cobrar un subsidio sin necesidad de estar condicionado por el paro, la capacidad económica u otras circunstancias es uno de los grandes debates del siglo XXI.

Filósofos como el polémico Slajov Zizek aseguran que es «el sueño imposible: que el capitalismo se haga funcionar a sí mismo como un sistema socialista». Para otros es un 'caballo de Troya' liberal que acabará por aplacar todas las demandas igualitarias de los partidos de izquierdas.

Los argumentos a favor y en contra no son patrimonio de ninguna ideología. Gobiernos y pensadores conservadores lo han apoyado. Hay economistas progresistas que ponen en duda su capacidad para luchar contra la injusticia social. Milton Friedman, el mayor gurú de la economía liberal mundial, ya defendía su viabilidad en 1962. Organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la OCDE, poco sospechosos de apostar por repartir la riqueza, han sugerido la necesidad de «explorar vías alternativas para garantizar rentas mínimas».

No solo tiene encaje en la ortodoxia capitalista. También ha llegado a Silicon Valley, donde hay inversores interesados en su promoción, como el omnipresente Elon Musk, creador de Tesla e impulsor de grandes proyectos científicos, quien asegura que «hay bastantes opciones de que acabemos con una renta universal debido a la automatización». La propuesta se empezó a colar en los programas electorales de algunos partidos en todo el mundo, pero la crisis de 2008 y sus planes de austeridad la dejaron fuera.

El argumento arranca de varias décadas atrás, pero el último empujón llega del futuro cercano. Diversos estudios sobre el empleo mundial calculan que en menos de 25 años la mitad del trabajo estará computerizado.

«En 40 años de democracia en España solo hemos tenido siete años con tasas de paro por debajo del 15%. Incluso hoy, pensar en el pleno empleo es absurdo. Imagínese en el futuro», advierte el profesor de la Escuela de Negocios IESE y director del proyecto B-Mincome Barcelona, Lluis Torrens. En él, mil familias de los barrios deprimidos del Besós barcelonés participan en un caso similar al finlandés.

Quienes se oponen al pago sin restricciones de este salario ciudadano argumentan que rompería todas las lógicas del mercado y sería abono para una especie de 'sociedad de la vagancia'. «Entregar una renta por el simple hecho de vivir no es ético ni moral. Desincentivaría el esfuerzo por mejorar y crearía una dependencia del individuo frente al Estado», asegura el profesor de Estadística del Colegio Universitario de Estudios Financieros de la Universidad Complutense, Juan Manuel López Zafra.

Este experto está seguro de que «no habría dinero para todos». Los cálculos de lo que costaría garantizar a todos los españoles una renta básica universal elevan la cifra anual por encima de los 200.000 millones de euros, ya que habría que pagar al menos el umbral de pobreza, que en 2018 se acercó a los 8.000 euros de renta anual.

En realidad, la asignación de rentas básicas lleva aplicándose muchos años en España y Europa. Pero hasta ahora se ha centrado en ayudar a las personas en riesgo de exclusión. Varias comunidades autónomas e incluso algunos ayuntamientos incluyen rentas mínimas o de inserción. Suelen estar vinculadas a los ingresos reales del beneficiario, que puede perderlas o disminuirlas si logra un trabajo aunque sea precario.

Es lo que le sucedía a Juha Järvinen. En España se ha instalado el 'mantra' de que hay mucho abuso en la percepción de ayudas públicas. Los defensores de la renta básica universal como Daniel Raventós o Lluis Torrens lo llaman «las trampas de la pobreza y el paro». «Una renta incondicional acabaría con la picaresca de no aceptar trabajos que apenas mejoran tus rentas y también con la estigmatización de muchas personas que ya no acuden ni a los centros de ayuda a buscar salidas», teorizan. En todo caso, insisten en que permitiría derivar los esfuerzos en perseguir irregularidades, «mínimas y de cantidades pequeñas», hacia el gran agujero: el del fraude fiscal de las grandes rentas. Además, tener ingresos garantizados supondría aumentar el poder de compra general y 'engrasar' mejor los circuitos del consumo.

Frente a quienes, como el profesor López Zafra, admiten que la nueva realidad laboral necesitará «una transición dolorosa que se arreglará con ayudas puntuales», los teóricos de la implantación de una renta ciudadana destacan los argumentos que se han ido consolidando de los diferentes ensayos conocidos. «El carácter incondicional de esos ingresos supone otorgar un poder de negociación que aumenta la libertad real de la mayoría de ciudadanos no estrictamente ricos», teoriza Raventós.

Universal o no, con condiciones o sin ellas, su hipotética aplicación «será un cambio de paradigma económico y mental que necesitará un proceso transitorio», augura Lluis Torrens.