Más de cuatro años para hacer justicia por Santi Coca

Arranca así un juicio muy esperado, especialmente para la familia de la víctima, que necesita cerrar un capítulo «muy doloroso». La complejidad de este tipo de casos, por la gravedad del delito del que se acusa, sumado al número de acusados, a los retrasos por la pandemia y a la huida de uno de los presuntos agresores, ha dilatado en el tiempo la celebración del juicio, que se prolongará durante más de dos semanas, hasta el 5 de diciembre. Este próximo viernes se realizará la selección del jurado popular, 9 miembros titulares y 2 suplentes elegidos aleatoriamente entre ciudadanos de Gipuzkoa. Su complicada labor será determinar el grado de implicación de los acusados en los hechos. La pena a imponer, en caso de que sean declarados culpables de la muerte del menor donostiarra, corresponderá al magistrado presidente que se encarga de caso, Jorge Juan Hoyos.

Los hechos ocurrieron de madrugada, junto a la discoteca GU que se encuentra frente al ayuntamiento de San Sebastián. Santi había salido de fiesta con sus amigos, entre ellos su hermano Iker, de 18 años. En una entrevista con este periódico, su madre, Fátima, recordaba que aquel día «estaba muy contento porque le habían llegado unas zapatillas nuevas y las estrenaba».

Sobre las 5.00 de la madrugada, Santi llegó a la discoteca para recoger a su hermano y volver juntos a casa. Estando en la calle, se les acercó un grupo de jóvenes pidiendo tabaco, y uno de ellos le arrebató el paquete a uno de los amigos de Santi. El grupo se alejó de allí, pero al poco tiempo vuelven y el menor empieza a correr. Sin embargo le alcanzan, y comienzan a pegarle junto a la entrada al Náutico. Los testigos dicen que son muchos. Le dan puñetazos y patadas, hasta que acaba cayendo al suelo. Mientras unos le pegan, otros sujetan a sus amigos para que no puedan ayudarle. Su hermano Iker intenta intervenir, pero también le golpean y cae al suelo junto a Santi, que finalmente perdió la consciencia. Fue trasladado al Hospital Donostia, donde falleció dos días después en la UCI por muerte cerebral.

Ese mismo día la policía detuvo a siete personas, aunque finalmente fueron acusadas seis, todos chicos entre los 18 y los 22 años. Aunque pasaron un periodo en prisión, todos se encuentran en libertad provisional desde hace tiempo.

Las acusaciones, que ejercen la Fiscalía como Ministerio Público, la familia de Santi de forma particular, y el Ayuntamiento de Donostia como acusación popular, les consideran coautores de un delito de asesinato, y piden 20 años de prisión para cada uno. Tan solo el Ayuntamiento cambia esa petición, al pedir 20 años para el acusado al que considera autor de una «última y brutal patada» en la cabeza de Santi, y que precisamente es el joven argelino que se encuentra en busca y captura. Para el resto reclama una pena de 15 años de cárcel.

Según los escritos provisionales de acusación, los encausados propinaron a la víctima «reiterados puñetazos en la cabeza». Uno de ellos le agarró «fuertemente del cuello» y le condujo hasta la pared de la discoteca, mientras el otro «continuaba propinándole repetidos puñetazos y patadas», por lo que Santi «cayó derrumbado» al suelo. Los otros cuatro acusados aparecieron es escena «prestando apoyo» a los dos agresores, «separando a los amigos de Santi que acudían en su auxilio», de manera que para el fiscal «aseguraban la acción» de esos y asumían que con ese proceder «podrían causar la muerte de Santi, al garantizar que no tuviera medio de defensa alguno». Además, añade que los seis, «siendo conscientes de que el joven estaba inconsciente», continuaron propinándole «puñetazos y patadas en la cabeza».

Santi sufrió diversas lesiones en todo su cuerpo, aunque las más graves fueron en la cabeza, que le causaron una hemorragia interna. El menor ingresó en el Hospital Donostia a las 5.16 horas en parada cardiorrespiratoria y tuvo que ser reanimado durante 40 minutos. A los dos días, el 28 de abril, falleció por «la destrucción de centros vitales encefálicos» generados por la hemorragia cerebral.

Por otro lado, les acusan de otros dos delitos leves de lesiones por la agresión a un amigo y al hermano de la víctima.

La Fiscalía solicita una indemnización de 350.000 euros para la familia de Santi Coca, una cantidad que la acusación particular, que ejerce el conocido abogado navarro Eduardo Ruiz de Erenchun, eleva a 1.300.000 euros. Además, solicita la prohibición de que los acusados residan en San Sebastián por diez años e impone una medida de alejamiento de 500 metros a los padres y el hermano de la víctima. El Ayuntamiento de Donostia, como acusación popular, varía en su calificación de los hechos. Según recoge su escrito de acusación, «a pesar de ya haber perdido el conocimiento», uno de los acusados «le propina una última y brutal patada en la cabeza, la cual llega por ello a golpearse contra la pared». Por tanto pide para él 20 años de cárcel y para los otros cinco acusados, 15.