El Sindicato Médico pide que expertos de la UPV analicen las OPE para detectar notas anómalas

En la reunión de trabajo celebrada ayer en Vitoria, representantes del Sindicato Médico (SME) trasladaron dos propuestas. La primera es que expertos en estadística de la UPV/EHU analicen antes de su publicación los resultados de las notas con el fin de detectar posibles irregularidades. En caso de que los haya se paralizaría el proceso, además de abrirse un expediente informativo. Se quiere evitar así que se repitan casos como el de la OPE de Cardiología -una de las once investigadas por la Fiscalía-, en la que 22 opositores sacaron la nota máxima para acceder a las 22 plazas en juego, o Anestesia. En esta última, el 45% de los candidatos sacaron un cero, mientras que otros 45 especialistas lograron un excelente de nota.

La otra medida que plantearon ayer desde el Sindicato Médico de Euskadi es identificar a todos y cada uno de los participantes en la elaboración de las pruebas y a aquellos que tengan acceso a ellas -las transporte o fotocopie- hasta la celebración de los exámenes. Todos, entiende la central, deberían firmar una cláusula de confidencialidad y quedar recogido en qué momento y por qué motivo han tenido contacto con los cuestionarios. También sugieren que se guarde registro de las preguntas formuladas durante la preparación de los ejercicios para comprobar que ninguna ha sido alterada en el documento que se trasladará a los opositores.

Esta última propuesta es muy probable que, si no tal cual, sí de forma similar figure recogida en el documento final de medidas para evitar irregularidades en las próximas convocatorias. Y es que según indican desde el Sindicato de Enfermería (Satse), central que junto con SME y UGT integran la mesa de seguimiento de la OPE con Osakidetza, «la trazabilidad de las pruebas desde que se prepara el examen hasta que se completa el proceso» es uno de los aspectos sobre los que están trabajando. Este paquete de acciones, acordadas con el Instituto Vasco de la Administración Pública (IVAP), sigue las recomendaciones realizadas por el Ararteko para garantizar los principios de igualdad, capacidad, imparcialidad y transparencia. Eso sí, se aplicarán de forma transitoria para esta próxima convocatoria de 26 plazas pendientes de la OPE de 2016-2017. Las de futuras ofertas de empleo público -Osakidetza anunció en noviembre que en 2020 se celebrarán los exámenes para optar a otras 1.080 plazas- se definirán más adelante.

El escándalo de fraude se ha llevado por delante al ya exconsejero Jon Darpón, a la directora general del Servicio Vasco de Salud, María Jesús Múgica, y al director de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto. Todo comenzó en junio de 2018. Primero fue un cirujano del servicio de Angiología y Cirugía Vascular del hospital Donostia y miembro del tribunal calificador el que informó por carta de un resultado «insólito» en su especialidad. Cuatro de los cinco aprobados en la prueba teórica trabajaban en Basurto. Días después ESK y Podemos demostraron ante notario una semana antes de la celebración de las pruebas para los anestesistas la identidad de las cuatro personas que sacarían la mejor nota. A partir de ahí los sindicatos interpusieron las primeras denuncias y las sospechas comenzaron a saltar en los exámenes de hasta 19 categorías médicas. En once de ellas la Fiscalía ha visto indicios de delito. Hay tres personas imputadas, todos ellos jefes de servicio en hospitales vascos, acusados de un delito de filtración de secretos por funcionario público, y otros tres altos cargos de la cúpula de Osakidetza señalados como posibles colaboradores en el fraude.