Robo, lesiones y violencia familiar, los delitos más comunes entre los jóvenes vascos

Un total de 554 chicos y chicas recibieron el año pasado 839 medidas firmes y cautelares del Servicio de Justicia Juvenil de Euskadi durante el pasado año. Además, se produjo un importante descenso en la tasa de reincidencia penal juvenil, que ya se sitúa por debajo del 17%, Estos son dos de los datos que aportó la consejera vasca de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, en el Congreso Mundial de Justicia Juvenil inaugurado este pasado lunes en París, organizado bajo el patrocinio de la Unesco.

Según ha informado este martes el Gobierno Vasco, la consejera presentó en la capital francesa la memoria elaborada por el Instituto Vasco de Criminología de la UPV/EHU.

Según el informe, de los más de medio millar de jóvenes que fueron objeto de medidas, en su mayoría fueron chicos (80 %), nacidos en el País Vasco o en otras comunidades autónomas (68 %), que convivían en su familia de origen, extensa o de acogida (72 %), que tenían o habían tenido relación con los Servicios Sociales (70 %) y con comportamientos importantes de impulsividad (42 %).

También les define un escaso control parental efectivo y continuado en el tiempo (22 %) y un patrón de consumo de tóxicos habitual y en ocasiones problemático (28 %).

Así mismo, estaban sin escolarizar un 34%, su nivel de estudios era inferior al que les correspondería por su edad y la mayoría de los escolarizados (79 %) habían tenido un rendimiento malo o regular. Un 48 % pertenecía a un grupo juvenil con comportamientos de riesgo social y el 58 % no realizaba ningún tipo de actividad de ocio estructurado.

A lo largo del año pasado la medida impuesta con mayor frecuencia fue la de libertad vigilada (41 %), seguida de los internamientos (18 %) y las prestaciones en beneficio de la comunidad (15 %).

El 91 % de las medidas impuestas fueron firmes, un total de 764 (312 libertad vigilada, 135 internamientos, 115 prestaciones en beneficio de la comunidad y 90 tareas socioeducativas). El 73 % fueron de cumplimiento en medio abierto y el resto en centro educativo.

Los cuatro hechos delictivos más habituales fueron el robo con violencia o intimidación (16 %), las lesiones (un 11,1 %), el robo con fuerza (10 %) y la violencia familiar (9%).

En cuanto a las medidas cautelares, se impusieron 75: 33 de internamiento, 32 libertad vigilada, 9 convivencia en centro educativo y 1 prohibición de aproximarse a la víctima. Respecto a la duración, un 88 % de las medidas cautelares no superó los 6 meses.

La consejera vasca destacó durante su intervención en este congreso la experiencia acumulada en Euskadi en materia de justicia juvenil durante más de 20 años, lo que ha hecho de esta comunidad un referente. Incidió en el importante descenso de la tasa de reincidencia penal juvenil, que se sitúa por debajo del 17 %, y remarcó la importancia de la prevención.

«La expresión 'intervenir pronto es tarde' cobra una importancia máxima cuando nos referimos al campo de la justicia juvenil», recordó la consejera.

San José subrayó, asimismo, el peso de los procesos de mediación (conciliación y reparación) en el modelo vasco. En este sentido, indicó que el año pasado estos representaron una tercera parte del millar de intervenciones que hubo en justicia de menores y que en un 78 % de los casos culminaron de forma positiva.

El Congreso Mundial de Justicia Juvenil fue inaugurado el lunes en París y reúne durante tres días a un millar de asistentes y ponentes, en su mayoría representantes de administraciones, instituciones y agencias públicas encargadas de la gestión de los servicios de justicia juvenil, así como jueces, fiscales y profesionales especializados en esta materia.

El Congreso Mundial de Justicia Juvenil cuenta con el patrocinio de la Unesco y en su organización colaboran la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y la Familia (AIMJF), Terre des hommes Foundation (Tdh), Penal Reform International (PRI), Child Rights International Network (CRIN), Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) y el Instituto de Formación Judicial (IGO-IFJ).

El Congreso Mundial sobre Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes reúne, durante tres días, a un millar de asistentes y ponentes, en su mayoría representantes de administraciones, instituciones y agencias públicas encargadas de la gestión de los servicios de Justicia Juvenil, así como jueces, fiscales y profesionales especializados en los sistemas de justicia de menores.

San José ha presentado los resultados del modelo de Justicia Juvenil de Euskadi que, tras una experiencia acumulada de más de veinte años, ha pasado a ser uno de los «principales referentes en la materia», ha destacado el Ejecutivo.

Precisamente, la intervención de la consejera vasca se ha enmarcado dentro del Foro Iberoamericano encargado de analizar las buenas prácticas, estándares y resultados alcanzados en materia de mediación penal juvenil y ejecución de medidas no privativas de libertad.

En este sentido, María Jesús San José ha destacado el importante descenso experimentado por la tasa de reincidencia penal juvenil, que ya se sitúa por debajo del 17%, según la evaluación externa realizada por el Instituto de Criminología de la Universidad del País Vasco.

«Los principios que modulan la actividad del Servicio de Justicia Juvenil de Euskadi -ha indicado San José- son fruto de la experiencia acumulada a lo largo de los últimos años; de la confrontación con otros modelos de éxito, no sólo en el terreno de la Justicia Juvenil, sino sobre todo en el mundo educativo y de la intervención social».

«El trabajo coordinado con otros departamentos del Gobierno (Salud, Educación, Seguridad, Empleo y Políticas Sociales) y con otras administraciones (Diputaciones y Ayuntamientos) ha penetrado en el ADN de la Justicia Juvenil de Euskadi», ha añadido.

Según la consejera, desde las instituciones y entidades que trabajan en Justicia Juvenil se debe priorizar la prevención, la intervención en los sistemas generales y, únicamente, acudir a la intervención especializada en situaciones excepcionales y con carácter subsidiario, teniendo siempre presente la finalidad de «vuelta» a los sistemas comunes para toda la población.

«La expresión, intervenir pronto es tarde, -ha añadido San José- cobra una importancia máxima cuando nos referimos al campo de la Justicia Juvenil. La mejor prevención es la satisfacción de los derechos que a los menores de edad corresponden desde el nacimiento hasta que alcanzan la edad adulta».

El modelo del Servicio de Justicia Juvenil de Euskadi se estructura en tres niveles, complementarios y subsidiarios: los procesos de mediación (conciliación y reparación), las medidas no privativas y las medidas privativas de libertad.

Los procesos de mediación tienen una especial relevancia en el modelo vasco. Durante el pasado año representaron una tercera parte del millar de intervenciones realizadas en justicia de menores y culminaron de forma positiva en el 78% de los casos.

Una referencia constante en el proceso de ejecución de las medidas es abrir a la persona infractora menor de edad la posibilidad de la asunción directa de su responsabilidad y propiciar la reparación directa o simbólica del daño causado a la víctima o a la comunidad.

Por último, María Jesús San José ha recordado que el punto de partida y referencial de todas las actuaciones a desarrollar en Justicia Juvenil es la condición de los adolescentes en un periodo de tránsito a la vida adulta, dentro de una realidad en continua evolución, en la que el conflicto, la confrontación con su entorno y con el mundo de las personas adultas son «inseparables».

Según la Memoria 2017 del Servicio de Justicia Juvenil de Euskadi, elaborado por el Instituto Vasco de Criminología de la UPV-EHU, durante el pasado año se impusieron 839 medidas firmes y cautelares a un total de 554 chicos y chicas. (71% con una medida, 18% con dos, 6% con tres y 5% con cuatro o más medidas).

En su mayoría fueron chicos (80%), nacidos en Euskadi o en otras CCAA (68%), que convivían en su familia de origen, extensa o de acogida (72%), que tenían o habían tenido relación con los Servicios Sociales (70%), con comportamientos importantes de impulsividad (42%), con escaso control parental efectivo y continuado en el tiempo (22%) y con un patrón de consumo de tóxicos habitual y en ocasiones problemático (28%).

Así mismo, estaban sin escolarizar un 34%, su nivel de estudios era inferior al que les correspondería por su edad y la mayoría de los escolarizados (79%) habían tenido un rendimiento malo o regular. Un 48% pertenecía a un grupo de iguales con comportamientos de riesgo social y el 58% no realizaba ningún tipo de actividad de ocio estructurado.

En 2017 la medida impuesta con mayor frecuencia fue la libertad vigilada (41%), seguida de los Internamientos (18%) y las prestaciones en beneficio de la comunidad (15%).

El 91% de las medidas impuestas fueron medidas firmes que sumaron un total de 764 (312 libertad vigilada, 135 internamientos, 115 prestaciones en beneficio de la comunidad y 90 tareas socioeducativas). El 73% fueron de cumplimiento en medio abierto y el resto en centro educativo.

La mayoría fueron impuestas a chicos (83%). El 68% de las personas a las que se les aplicó este tipo de medidas habían nacido en Euskadi o en otras Comunidades Autónomas y el 32% en el extranjero.

Los cuatro hechos delictivos más habituales fueron el robo con violencia y/o intimidación (16%), las lesiones (un 11,1%), el robo con fuerza (10%), la violencia familiar (9%).

Ya en relación con las medidas cautelares impuestas en 2017, fueron un total de 75 (33 de internamiento, 32 libertad vigilada, 9 convivencia en centro educativo y 1 prohibición de aproximarse a la víctima), la mayoría fueron impuestas a chicos (93%).

Respecto a la duración, un 88% de las medidas cautelares no superó los seis meses y en cuanto al lugar de nacimiento de las personas a las que se les impuso medidas cautelares, se observa que el 61% de estas medidas correspondieron a personas nacidas en Euskadi o en otras Comunidades Autónomas, frente al 39% nacidas en el extranjero.