Una de cada seis personas se ha sentido discriminada en el último año en Euskadi

El acto contó con la con la participación de Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco; Marian Iriarte Ormazabal, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Cultura, y Julia Shershneva, directora de Ikuspegi y profesora de Sociología de la UPV/EHU. Con la elaboración de este informe se busca conocer cómo 'respira' la sociedad vasca con respecto a la discriminación y la diversidad y en términos generales, la mayoría de la población (el 76,4%) declara que prefiere vivir en una sociedad diversa —es decir, convivir con personas de diferente origen, cultura, creencias religiosas y orientación e identidad sexual— aunque, dicho esto, los niveles de aceptación en ámbitos como el laboral o el residencial no son tan favorables si se analiza más en detalle.

Este último es uno de los más afectados por la discriminación en Euskadi, según advierte Julia Shershneva, directora de Ikuspegi. «Por un lado, es donde más desigualdad se percibe en el acceso a la vivienda y, por otro, es donde emergen con más claridad actitudes excluyentes y prejuicios cotidianos».

A pesar de que más del 80% de la ciudadanía afirma que alquilaría una vivienda a personas mayores, trans, con discapacidad, de religión distinta o no heterosexuales, las cifras se reducen considerablemente para colectivos vulnerables: solo el 58,8% alquilaría a personas con bajos recursos, y apenas el 51% lo haría a personas gitanas. Ante estos resultados, Shershneva subraya la necesidad de «reforzar las políticas públicas de igualdad, facilitar los canales de denuncia y, al mismo tiempo, trabajar en la erradicación de la discriminación interpersonal».

En cuanto al entorno laboral, la mayoría manifiesta actitudes inclusivas, si bien persisten reticencias hacia determinados colectivos. Según los datos recogidos en la encuesta EPADE 2024, cerca del 80% de la ciudadanía se declara dispuesta a contratar en igualdad de condiciones a personas con escasos recursos económicos, de orientación no heterosexual, con creencias religiosas diferentes, personas mayores, trans, con alguna discapacidad o de origen extranjero. Sin embargo, el respaldo desciende significativamente en el caso de las personas con enfermedad mental (64,7%) y alcanza su nivel más bajo cuando se trata de personas gitanas, con un 62,3% de predisposición favorable. Nuevamente, el colectivo gitano es uno de los más perjudicados, también en el ámbito residencial: a casi la mitad de los vascos (43,6%) no le haría gracia tener a un gitano de vecino. Tampoco a una persona con enfermedad mental (el 28% se sentiría incómodo) y a uno de cada cuatro le incomodaría tener a personas de origen extranjero en el vecindario.

Al consultar a las personas entrevistadas si se han sentido discriminadas en el último año, el 83,2% indicó que no, mientras que el 16,6% afirmó lo contrario. Al mismo tiempo, las mujeres reportan niveles de discriminación más altos (23,3%) que los hombres (9,4%). Además, ocho de cada diez personas no presentaron una denuncia, queja o reclamación formal. El 57% de quienes no lo hicieron afirma que «no sirve de nada», mientras que otro 13,6% dice no saber a quién acudir en caso de sufrir discriminación. A juicio de la directora de Ikuspegi, este dato refleja «una grave desconexión» entre la vivencia de la discriminación y los mecanismos de protección existentes. «La percepción de ineficacia o desconocimiento de los recursos es un obstáculo serio para garantizar derechos».

La encuesta también constata que el 26,7% de la ciudadanía ha sido testigo de situaciones discriminatorias. «Los datos apuntan a una discriminación estructural que afecta especialmente a grupos sociales como personas gitanas, de origen extranjero, mujeres o quienes tienen bajos recursos económicos. Es imprescindible actuar tanto desde lo institucional y lo cotidiano», subrayó Shershneva. Por su parte, la consejera Melgosa afirmó que «la diversidad en sí suma, no resta, es beneficiosa y enriquecedora».