Osakidetza ha iniciado 300 expedientes en Euskadi por sospecha de cáncer por amianto en cuatro años

Los datos ofrecidos por el Departamento de Salud como respuesta a una pregunta parlamentaria por parte de EH Bildu en el Parlamento Vasco reflejan que la sospecha de casos de enfermedades relacionadas con la exposición laboral al amianto ha aumentado tras la pandemia: en 2021 fueron 50 los expedientes iniciados, 60 en 2022, 87 en 2023 y 103 en el curso anterior. Hay que tener en cuenta que la detección de este cáncer se produce años después de que el paciente haya estado expuesto al amianto, por lo que generalmente los médicos detectan la enfermedad cuando el trabajador se encuentra ya jubilado. Con todo esto, en 2024 Osakidetza dio la voz de alarma en 32 ocasiones por posibles casos de enfermedad profesional en Gipuzkoa.

Desde 2021 a 2024, la Seguridad Social ha emitido un total de 71 resoluciones en Gipuzkoa, de las cuales 11 han sido aceptadas como enfermedad profesional, frente a las 6 que no. En los 54 casos guipuzcoanos restantes, el Departamento de Salud aclara que no ha recibido información sobre el estado de la resolución por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), a pesar de que el convenio recoge que el INSS informará al Departamento de Salud sobre las resoluciones de determinación de contingencia que emita.

En el caso de Bizkaia, han sido 124 las resoluciones tramitadas en los úñtimos cuatro años, con 77 aceptadas y 13, no. El estado de 34 resoluciones vizcaínas no se han notificado a Salud. Y en Álava, de las 35 resoluciones tan solo 11 han sido notificadas al Gobierno Vasco. De estas, 7 han sido rechazadas y cuatro aprobadas como enfermedad profesional.

La pregunta parlamentaria también se refiere al coste asumido por Osakidetza en la atención sanitaria antes de que se reconociera esta enfermedad como de carácter profesional por exposición al amianto y cuánto ha sido asumido por las mutuas.

El Gobierno Vasco asegura que está siendo el sistema público de salud quien está asumiendo los gastos, y no las mutuas, pues «generalmente se detecta la enfermedad cuando el trabajador se encuentra ya jubilado, siendo el sistema público de salud quien asume el gasto». Además, añade que «al no existir una contingencia previa es difícil determinar si las actividades asistenciales prestadas anteriormente están relacionadas con esa sospecha de enfermedad o no».