La jueza del caso Osakidetza llama a declarar a principios de septiembre a 16 testigos propuestos por LAB

La jueza que lleva el caso de las supuestas filtraciones en la OPE de Osakidetza ha llamado a declarar, a partir del 1 de septiembre, a «prácticamente la totalidad» de los testigos propuestos por el sindicato LAB, personado como acusación popular en la causa.

La central sindical ha explicado, en un comunicado, que en total, del 1 al 7 de septiembre, 16 personas declararán en calidad de testigos propuestos por LAB, «a la espera que la agenda permita la declaración del resto de testigos».

LAB ha valorado «muy positivamente» este nuevo paso en el proceso judicial y ha confiado en que «siga avanzando a este ritmo, teniendo en cuenta la complejidad del caso». Asimismo, ha esperado que la jueza tome en consideración el resto de solicitudes realizadas por esta acusación popular, «como viene ocurriendo hasta ahora», lo que, en su opinión, «prueba la seriedad del trabajo realizado».

El sindicato ha asegurado que seguirá defendiendo como acusación popular que las filtraciones en Osakidetza «vienen de lejos», y que «no solo no se ha intentado evitarlas», sino que la Dirección del Servicio Vasco de Salud «ha utilizado todos los recursos a su alcance para perfeccionar este sistema clientelar de reparto de plazas y, una vez descubiertas estas filtraciones, ha optado por intentar ocultarlas y obstaculizar su investigación y esclarecimiento».

El Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria que investiga las presuntas irregularidades en la OPE de Osakidetza acordó el pasado mes de julio imputar a la presidenta del tribunal de Neurocirugía. También iniciar latoma de declaración a 24 personas en calidad de testigos, como pidió el sindicato LAB.

Esta central sindical, que está personada en la causa como acusación popular junto a ESK, mantiene la existencia en Osakidetza de un sistema «clientelar» para adjudicar las plazas de especialidades médicas de forma previa a los exámenes y acusa al Servicio Vasco de Salud de que, una vez descubiertas las filtraciones, trató de ocultarlas y obstaculizar su esclarecimiento.

Según informó LAB en julio, la magistrada que dirige esta causa, Ana Jesús Zulueta, ha dejado además la puerta abierta a imputar a la antigua dirección de Osakidetza «por asociación ilícita, fraude en la contratación y revelación de secretos».

En un auto, la jueza respalda en primer lugar imputar a la presidenta del tribunal de Neurología ya que en la prueba se «quebrantó el anonimato de los opositores», explica LAB.

Además acuerda citar a 24 testigos, entre ellos a José Muñiz, quien elaboró el estudio psicométrico encargado por Osakidetza a la Facultad de Oviedo, en el que se apreciaban anomalías en algunos de los resultados de la OPE, pero no se ligaban a la posible filtración previa de los exámenes.

También citará al responsable de la estadística que hizo LAB y que permitió descubrir supuestas irregularidades no solo en Anestesia, sino en otras 18 categorías.

Seis opositores de las pruebas de Anestesia, Angiología y Traumatología; tres denunciantes de irregularidades en Aparato Digestivo, Cirugía Plástica y Microbiología; siete miembros del tribunal de Angiología; tres del de Traumatología, dos del de Cirugía Plástica y uno del de Urología, completan las 24 citaciones.

De esta forma se reactivará esta investigación judicial, en la que ya declararon como investigados los jefes médicos de Anestesiología, Angiología y Digestivo, que negaron ya hace un año «toda participación» en los hechos.

Hasta ahora están suspendidos de manera cautelar 13 procesos selectivos: Neurofisiología, Neurocirugía, Anestesia, Angiología, Digestivo, Cardiología, Traumatología, Cirugía Plástica, Urología, Medicina Intensiva, Urgencias, Microbiología y Cirugía Cardiovascular.

Este proceso judicial se inició raíz de las denuncias sindicales y después de que la Fiscalía Superior del País Vasco abriera diligencias para investigar si hubo irregularidades en 19 especialidades médicas en esa OPE.

El caso supuso la dimisión del anterior consejero de Salud, Jon Darpón; así como de la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica; del director de Recursos Humanos de Osakidetza, Juan Carlos Soto, y del subdirector, Xabier Balerdi.

El fiscal vio indicios de delito por parte de los tres jefes de servicio que ya han pasado por el juzgado y solicitó asimismo la declaración de tres altos cargos de Osakidetza: los dimitidos Juan Carlos Soto y Xabier Balerdi, y del director de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay.