El Gobierno Vasco amplía hasta fin de año las ayudas al alquiler para afectados por el Covid

El Gobierno Vasco ha ampliado hasta final de año el plazo para solicitar ayudas al alquiler a inquilinos de vivienda libre que se hayan visto afectados económicamente por la crisis derivada del Covid. Los beneficiarios pueden obtener hasta 250 euros al mes durante un máximo seis meses.

El consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a la orden firmada por el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, por la que amplía hasta el 31 de diciembre el plazo para recibir estas ayudas directas que pretenden servir de colchón para personas en situación de vulnerabilidad económica por efecto de pérdida de empleo o ERTEs relacionados con la crisis sanitaria.

Este programa, aprobado el pasado 30 de abril, estaba previsto que concluyera el 30 de septiembre, pero «teniendo en cuenta que las consecuencias económicas y sociales» derivadas de esta crisis «se mantienen por la persistencia» de la pandemia, el departamento amplía la cobertura. La dotación para este fondo, no obstante, seguirá siendo la misma, de 15,5 millones, cuantía que se «considera adecuada y suficiente para atender la demanda».

Pueden ser beneficiarios de la ayuda aquellos inquilinos de una vivienda libre que «se queden en paro o hayan sufrido un ERTE» como consecuencia de la emergencia sanitaria, «así como todas aquellas personas que, siendo trabajadoras autónomas o empresarias, sufran una caída sustancial de sus ingresos o ventas, igual o superior al 40%».

Si se acepta su solicitud, podrían recibir hasta 250 euros de ayuda al mes, cuantía similar a la de otras prestaciones públicas por vivienda, y podrán percibirla durante seis meses si la situación de vulnerabilidad persiste hasta un máximo de 1.500 euros, que se abonarán en dos pagos trimestrales.

La tramitación se puede realizar de forma telemática en www.euskadi.eus y los canales de Alokabide (www.alokabide.euskadi.eus). La solicitud debe ir acompañada de una declaración responsable de cumplimiento de los requisitos y de documentación acreditativa de ingresos. La ayuda, que no es compatible con otras del mismo signo, debe dedicarse al pago del alquiler de la vivienda habitual o a la devolución de microcréditos concedidos para ese fin.

La subvención también se extiende a personas que sean víctimas de violencia de género, de desahucio de su vivienda habitual, que no tengan hogar o sean especialmente vulnerables. Además, por cuenta de ellas, pueden acogerse las administraciones, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro que se ocupan de dar a estas personas una solución habitacional. En estos casos, dado su carácter más estructural, la cuantía total de la ayuda ascenderá a doce mensualidades, hasta los 3.000 euros.