Euskadi acusa de «deslealtad» a Sanidad y le exige una revisión urgente del fondo de compensación
El Departamento de Salud insta al ministerio a que «acelere el desarrollo normativo exigido por el Tribunal de Cuentas para regular con transparencia» el sistema de estos pagos
Nuevo capítulo en las desavenencias entre el Gobierno Vasco y el Ministerio de Sanidad a cuenta del fondo de compensación para abonar los pagos correspondientes ... a la atención que se presta a pacientes vascos en otras comunidades autónomas. El Ejecutivo autonómico ha acusado este miércoles de «deslealtad» al organismo que encabeza Mónica García y le ha exigido una revisión urgente del sistema después de que el País Vasco haya pagado 169 de los 312 millones a los que se elevó el Fondo de Cohesión entre 2012 y 2022, algo que el consejero Alberto Martínez considera «abusivo».
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El Departamento de Salud ha elevado este miércoles el tono y ha criticado «los mensajes contradictorios emitidos» desde el Ejecutivo central, que el miércoles por la tarde corrigió a Euskadi y descartó que vaya a revisar el sistema, como así había anunciado horas antes el propio Martínez. Es más, fuentes de Sanidad apuntaron que la enorme diferencia entre lo que paga el Euskadi y lo que abonan otras autonomías por la atención sanitaria de sus ciudadanos en regiones distintas a las de su residencia se debe a que el País Vasco calcula mal estas liquidaciones.
El Gobierno Vasco considera que «no es serio ni de recibo que sabiendo que el sistema acarrea errores» Sanidad no se abra a revisarlo, «habiendo adquirido el compromiso» en la reunión que ambos organismo mantuvieron en Madrid el lunes por la tarde. Un modelo de liquidación, añaden desde el Ejecutivo autonómico, que Sanidad «ha reconocido» que es «anómalo». Por ello, lamenta que el área que encabeza Mónica García «eluda su responsabilidad en la gestión» de este fondo y que «no reconozca públicamente la arbitrariedad con la que está funcionando».
En este sentido, el País Vasco asegura que Sanidad es la institución«responsable y competente» para que este sistema «sea transparente y riguroso». Por ello «tiene la obligación de impulsar, una vez por todas, el desarrollo normativo exigido por el Tribunal de Cuentas y no perpetuar esta situación sin ningún tipo de cobertura legal».
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Esta posición que ha adoptado el Ejecutivo central «hace que el Gobierno Vasco se reafirme en una posición crítica y exigente» ante el Consejo Interterritorial, el foro en el que participan Sanidad y las comunidades autónomas y donde Euskadi continuará sin asistir hasta que se resuelva este conflicto.
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