El 'pasaporte' europeo de vacunación no garantizará la libre movilidad por los países de la UE

La idea de poner en marcha lo que se ha dado en llamar 'pasaporte de vacunación' fue lanzada a principios de año por Grecia, de cara a relanzar el turismo de verano. Y desde entonces han sido muchos los países que se han mostrado a favor de su puesta en marcha, aunque no han faltado voces que se han alzado en contra por ser discrimnatorio. Para salvar estas reticencias, el acuerdo remarca de forma tajante que no se trata de un documento de viaje, lo que en la práctica es una forma de reforzar el principio de no discriminación, en particular, hacia las personas no vacunadas.

Denominado oficialmente como «certificado verde digital de vacunación», el documento será gratuito, tendrá formato electrónico o en papel y estará disponible en inglés y en la lengua oficial del país que lo emita. Además, tendrá «un período de aplicación de 12 meses». Se ha contemplado que contenga información sobre si su portador ha recibido la vacuna contra el coronavirus, si ha generado anticuerpos tras pasar la enfermedad o si tiene una PCR reciente negativa. Este último no es un criterio novedosos, ya que en los últimos meses muchos países han exigido a los viajeros presentar una prueba negativa.

En declaraciones a Efe, el socialista español Juan Fernando López Aguilar, que en calidad de presidente de la Comisión de Libertades Civiles estará al frente de los eurodiputados que negociarán con los países para poner en marcha este el ratificado, cree que el pleno de la Eurocámara podría dar su luz verde a principios de junio. Sin embargo, advierte de que este certificado es «una herramienta, no una panacea». «Es un acicate a la recuperación de la confianza para transitar por las fronteras exteriores de la Unión y para que los Estados restablezcan (el espacio) Schengen con las garantías de una certificación homogénea».

López Aguilar ha avanzado también que la Eurocámara introducirá enmiendas basadas en «la preocupación obsesiva» porque se respeten los derechos fundamentales de los europeos de «igualdad y no discriminación». Por tanto pedirán que los datos usados en los certificados los almacene el país de origen, y no el de destino, que el documento solo sirva para viajes y que tenga fecha de caducidad hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dé por acabada la pandemia.

El acuerdo alcanzado por los países miembros no ha querido dejar en el aire los aspectos relativos el Brexit. Así, se hace mención expresa a Irlanda, donde se está registrando cierta inestabilidad tras la ruptura de Reino Unido con la UE, y se prevé que los Estados miembros puedan «aceptar mutuamente certificados expedidos a nacionales de terceros países sobre la base de la reciprocidad».

También precisa que debe tenerse en cuenta la situación particular de los trabajadores transfronterizos. Recuerda, además, que los Estados miembros pueden restringir por motivos sanitarios la movilidad de los ciudadanos, una de las cuatro libertades fundamentales de la UE, pero subraya que «cualquier medida que se adopte no debe extenderse más allá de lo estrictamente necesario para salvaguardar la salud pública».