Un registro informático para impedir que los desahuciados se queden «en la calle y sin amparo»

El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, ha anunciado este martes de la puesta en marcha de un nuevo registro informático que facilitará la colaboración y la comunicación entre instituciones para aplicar alternativas sociales en los casos de desahucios de personas o familias en situación de especial vulnerabilidad.

Esta novedad se recoge en el convenio de colaboración que firmarán en breve el Consejo General del Poder Judicial, la Asociación Vasca de Municipios, Eudel, y el Ejecutivo autonómico, y que ha sido dado a conocer este martes tras ser autorizado por el Consejo del Gobierno Vasco.

Este acuerdo da continuidad al firmado en 2013 por los mismos agentes y mantiene el mismo objetivo de detectar de forma temprana y actuar ante situaciones de desahucios judiciales de núcleos familiares en situación de riesgo.

De lo que se trata, ha explicado Arriola, es de intervenir de manera preventiva antes de que se produzca el lanzamiento de la vivienda para poder impulsar medidas de carácter social dirigidas a impedir que los afectados se queden «en la calle o desamparados».

una en situación de vulnerabilidad «se quede en la calle sin amparo», según ha informado el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola.

Una de las novedades más destacadas del convenio pretende resolver la principal carencia apreciada en las medidas adoptadas hasta ahora para afrontar este problema: «la inexistencia de un canal eficaz y operativo de comunicación entre todos los agentes implicados», según ha explicado el consejero.

Arriola ha anunciado que esta carencia se resolverá con la creación de un registro informático que facilitará la comunicación entre instituciones y el estudio estadístico de las actuaciones realizadas, con el fin de que la gestión de los expedientes sea «ágil y eficiente», de forma que se puedan planificar las actuaciones sociales previstas en caso de necesidad.

El objetivo del convenio, que también implica a los departamentos de Trabajo y Justicia, y de Empleo y Asuntos Sociales, es intervenir preventivamente antes de que se produzca el desahucio.

Según el protocolo previsto, cuando el órgano judicial que conozca de un asunto estime que puede acabar en un desahucio y aprecie una situación de especial vulnerabilidad, facilitará a los afectados información relativa a los servicios y programas de asistencia social. Además, se trasladará el caso a los servicios sociales del ayuntamiento que corresponda, para que se examine la situación.

A partir de ese momento, si la familia afectada reúne los requisitos de acceso a las viviendas de protección pública, se puede plantear una propuesta de intervención por parte de sus servicios sociales y dar traslado de ella a la Viceconsejería de Vivienda del Gobierno Vasco, o bien la tramitación de alguna ayuda o prestación social o la derivación a otro servicio social.

Los supuestos de especial vulnerabilidad i ncluyen a familias numerosas, unidades familiares monoparentales con hijos; unidades familiares con un hijo menor de edad o con personas discapacitadas, dependientes o enfermos permanentes, unidades familiares en las que el deudor estén en el paro, víctimas de la violencia de género; y personas mayores de 60 años.