El Parlamento Vasco, «indignado» ante posibles irregularidades, plantea modificar las OPE

El Parlamento Vasco ha expresado su «indignación» ante los «indicios» de presuntas irregularidades en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de Osakidetza y se ha comprometido a crear un grupo de trabajo para plantear modificaciones en estos procesos de selección.

El pleno de la Cámara ha debatido sendas iniciativas en las que EH Bildu y Elkarrekin Podemos reclamaban medidas tras la presunta filtración de exámenes de varias especialidades médicas en estas oposiciones, a las que se han presentado 96.000 personas, y reprochaban la respuesta del Departamento dirigido por Jon Darpón.

Finalmente ha salido adelante y por unanimidad en todos sus puntos, salvo en uno, una enmienda transada entre ambas coaliciones y el PP, de la que a última hora sus firmantes han retirado una frase en la que declaraba su malestar por la «tardía y deficiente» gestión del Departamento de Salud, lo que ha facilitado el apoyo de PNV y PSE-EE a siete de los ocho puntos del texto.

Los partidos que integran el Gobierno Vasco se han abstenido en el último de ellos, a través del cual la Cámara recoge el compromiso de crear un grupo de trabajo parlamentario en el primer trimestre de 2019 para analizar el modelo de la política de personal y los procesos selectivos en Osakidetza, y en su caso, plantear las modificaciones que sean pertinentes.

PNV y PSE-EE no han avalado este emplazamiento porque consideran que este grupo de trabajo debería ser mixto e incorporar también a representantes del Ejecutivo autonómico.

El Parlamento también traslada su apoyo a las personas afectadas ante los «indicios» de que se ha visto afectado el derecho a la igualdad de oportunidades e insta al Gobierno Vasco a esclarecer con «absoluta transparencia» las irregularidades detectadas.

Para ello demanda un «análisis exhaustivo» de las garantías del procedimiento selectivo, del contenido de las pruebas, de la elaboración de los exámenes por parte del Instituto Vasco de Administraciones Públicas (IVAP) y de los profesionales contratados para redactar las preguntas de los exámenes.

En esta línea, pide que Salud presente en la Cámara en julio el informe externo sobre las supuestas irregularidades que ha encargado a la Universidad de Oviedo y las conclusiones obtenidas.

Asimismo, pide que el Ejecutivo de Vitoria lleve a la Fiscalía cualquier indicio de irregularidad y que depure las responsabilidades que correspondan.

Además, reclama la paralización de los procedimientos selectivos de las especialidades médicas «baja sospecha» hasta aclarar las presuntas irregularidades y que se repitan los exámenes en los casos que se requiera. Hasta el momento Osakidetza ha paralizado los procesos de cuatro especialidades sobre las que se han abierto expedientes informativos.

Por último, demanda al Departamento de Darpón que elabore en el plazo de cuatro meses propuestas con medidas que garanticen que los procesos se ciñan al estricto cumplimiento de los principios de «igualdad, mérito y capacidad».

Desde EH Bildu, Rebeka Ubera ha exigido «depurar responsabilidades con firmeza» y ha preguntado al Gobierno Vasco si está dispuesto a mantener la «impunidad», tras advertir de que si no se cambian las OPE y la política de personal las siguientes serán también de «cartón piedra».

Cristina Macazaga (Elkarrekin Podemos) ha criticado que Darpón ha encarado este asunto «tarde y mal» y ha exigido que se depuren responsabilidades si es preciso y adoptar medidas que hagan posible que estos procesos sean «transparentes».

Desde el PP, Laura Garrido también ha dicho que el consejero y su Departamento «no han estado a la altura de las circunstancias» y ha reclamado al Gobierno Vasco que «actúe con contundencia y llegue hasta el final».

Por parte del PNV, Kerman Orbegozo ha subrayado que esta OPE es «muy compleja» y que por ello «se pueden cometer fallos y errores», pero ha defendido que el Departamento ha actuado con «rigor y con transparencia» y ha anunciado que Darpón comparecerá a petición propia en el Parlamento para ofrecer explicaciones.

Por último, Natalia Rojo del PSE, ha considerado que lo sucedido es «un escándalo» y ha defendido los pasos que ha dado el Ejecutivo autonómico, tras reivindicar que los responsables políticos deben trabajar para «blindar el buen nombre de Osakidetza».