El Parlamento concluirá hoy que el Gobierno Vasco tuvo responsabilidad en el fraude de los comedores

Los partidos que sustentan al Ejecutivo, PNV y PSE, denunciaron ayer una «pinza» entre partidos opuestos en el espectro político que dejará sin validez el texto que consensuaron en abril y que tenía visos de ser aprobado en mayo con el apoyo de los populares. Sin embargo, un desmarque de última hora del PP aplazó hasta hoy la celebración de la comisión en la que se debe dar luz verde (o no) a un texto de conclusiones. Los populares levantaron a última hora su firma del texto pactado entre jeltzales y socialistas por «entender que elude cualquier responsabilidad política del Gobierno Vasco en un asunto con grave daño económico para las arcas públicas y muchas familias».

El portavoz popular en el Parlamento vasco, Borja Sémper, reiteró ayer este argumento como factor decisivo para apoyar la enmienda de Podemos. Sémper explica que además de ese argumento valora el trabajo detallado realizado por el parlamentario morado José Ramón Becerra en su escrito de conclusiones trasladado meses atrás. «Compartimos también la conclusión de que el quebranto económico pudo alcanzar los 80 millones», sostiene el portavoz del PP, y añade que con estas enmiendas el texto final se «endurecerá» y quedará más completo.

En el borrador del informe, la presidenta de la comisión sitúa el sobrecoste del servicio en «7 millones al año a lo largo de diez años». Es decir, un total de 70 millones de euros, con cargo «a la ciudadanía y a las familias». Por tanto, la modificación planteada por Elkarrekin Podemos eleva en casi diez millones el sobrecoste máximo no justificado, ascendiendo hasta los 80,2 millones. De ellos, detallan en sus conclusiones, entre 29,7 y 33,7 millones se habrían quebrantado al Departamento de Educación, y entre 42,1 y 48,5 millones se habrían detraído a las familias a través de las cuotas de comedor.

En el borrador trasladado por Ugarte a finales de marzo, se concluye que existieron «responsabilidades a nivel técnico, político y económico» por la «inacción» y «falta de control y seguimiento» de la Administración sobre los contratos adjudicados durante diez años. La enmienda de Podemos detalla que «queda acreditada la responsabilidad política de las personas que entre 2003 y 2017 han ocupado la Dirección de Gestión Económica, la Viceconsejería de Administración y Servicios y la Consejería del Departamento como responsables de la inacción pasada de la Administración ante los indicios de concertación y por su falta de respuesta en el presente ante el quebranto patrimonial sufrido por la propia Administración».

Ese es el punto que mayor fricción ha creado entre ambas plataformas y que finalmente decantará la balanza del lado de la propuesta de conclusiones de EH Bildu y Podemos. En la enmienda conjunta de jeltzales y socialistas se alude a falta de «mecanismos suficientes de control» para advertir el fraude -aún no existía la Autoridad Vasca de la Competencia que finalmente fue quien investigó la cuestión- pero no reconocen responsabilidad política alguna y recalcan que en los contratos «se primó siempre la seguridad alimentaria, el equilibrio nutricional y la calidad».

Ayer, en la previa de la comisión, el parlamentario jeltzale David Latxaga acusó al PP de «moverse por cuestiones ajenas a la investigación» y de «endurecer en las últimas semanas sus posiciones acercándolas a las de EH Bildu». Latxaga añadió que los portavoces populares en la comisión, Borja Sémper y Juana Bengoetxea, «no han pensado en el interés general, ni en las contrataciones públicas, ni tampoco en la gestión de comedores; el PP solo piensa en cómo castigar al PNV».

Por su parte, José Antonio Pastor (PSE) mostró su «sorpresa» por el hecho de que el PP opte por «desdecirse» de lo asumido en su acuerdo inicial, una actitud que atribuyó al «electoralismo» y a la voluntad de «hacer daño» al Ejecutivo autonómico.

Mientras, tanto Borja Sémper como Eva López de Arroyabe, parlamentaria de EH Bildu, denunciaron que la crítica de jeltzales y socialistas al acuerdo es «una cortina de humo» para desviar la atención del «escandaloso quebranto económico» del fraude los comedores escolares.

Con la cita de esta tarde llegará a su fin la comisión de investigación parlamentaria sobre el fraude en los comedores escolares después de una decena de sesiones en las que han comparecido 16 representantes de todas las partes implicadas: los de las ocho empresas sancionadas, los máximos responsables de Educación, tanto políticos como técnicos, en cada legislatura desde 2003 a 2015, así como los encargados de la Autoridad Vasca de la Competencia que dictaminó las prácticas colusorias, e impuso una multa de 18 millones a las empresas por un reparto de mercado, sanción que al final quedó rebajada a 7,4 millones de euros por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El TSJPV rebajó un 60% la multa aunque dejó claro que existió un pacto entre las empresas y consideró que fue posible gracias a la falta de «reacción, indagación, consulta o prevención» del Gobierno Vasco.

Tras la aprobación hoy del dictamen de conclusiones, el texto llegará en los próximos meses al pleno del Parlamento para su aprobación.