Euskadi eleva hasta los 2.000 euros las multas mínimas por portar navajas en el ocio nocturno
El importe final de una sanción puede aumentar hasta los 9.000 euros si se dan supuestos como la influencia de bebidas alcohólicas o drogas o por la exhibición del arma
Las instituciones vascas han emprendido una auténtica 'guerra al navajero' tras el incremento de denuncias por portar armas blancas que se ha registrado desde ... el inicio de 2023, con un centenar de casos tramitados por la Ertzaintza solo en enero. Cada día de esta semana se han ido sucediendo nuevas medidas: el inicio de los cacheos preventivos en las grandes ciudades, la posible implantación de detectores de metales en el ocio nocturno o la próxima obligación para que las discotecas contraten seguridad privada. La última se produjo ayer, cuando el Gobierno Vasco y representantes de los municipios decidieron endurecer las sanciones por llevar armas blancas, que se irán doblando a medida que la persona denunciada incurra en algunas agravantes. La sanción por portar una navaja o cuchillo legales –con un filo inferior a 11 centímetros, no automáticas y sin doble filo– pasará de los 602 a los 1.000 euros. Pero si se incauta en un espacio de ocio nocturno o en un botellón se incrementará directamente un 100% y llegará a los 2.000 euros.
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El importe aumentaría otro 100% si se cumplen supuestos como estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas, presentar un estado violento, exhibir el arma o amenazar con ella, o si se utiliza de un modo negligente. Si confluyen todas ellas, la sanción podría alcanzar los 6.000 euros. Y si se trata de un arma prohibida, donde la multa inicial partiría de los 1.500 euros, la suma de las sanciones podría irse hasta los 9.000 euros.
Así las cosas, en uno de los posibles casos que se podrían producir, la sanción quedaría de la siguiente manera:
Este nuevo paso en la lucha contra la proliferación de armas blancas en Euskadi se gestó en una reunión mantenida ayer por la mañana en la sede central de la Ertzaintza en Erandio entre representantes del Gobierno Vasco, Eudel y los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. El endurecimiento de la cuantía de las sanciones se aplicará en todos los municipios vascos y se enmarca dentro de la horquilla que permite la ley estatal de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como 'ley mordaza'.
En la reunión entre Gobierno Vasco y municipios de ayer se constató el importante incremento de denuncias por arma blanca que se ha producido en los últimos meses en Euskadi, que se refleja en las cifras de decomisos inusualmente altas que presentan tanto la Ertzaintza como las policías locales, especialmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes –en el caso de Gipuzkoa son Donostia e Irun, precisamente los dos municipios donde el pasado fin de semana la Er-tzaintza comenzó a aplicar cacheos preventivos–. Según datos facilitados por el Departamento de Seguridad, solo en enero la Er-tzaintza interpuso 100 denuncias por portar armas blancas, cuando la media mensual de 2022 fue de 80 decomisos entre todos los cuerpos policiales. El centenar de denuncias contabilizadas por la Ertzaintza se queda corto si se tiene en cuenta que solo la Guardia Municipal donostiarra decomisó 23 armas blancas en enero, por lo que la suma de todos los cuerpos policiales se podría ir fácilmente a las 200 navajas incautadas en un solo mes en Euskadi.
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La decisión adoptada entre el Gobierno Vasco y los municipios será aplicable en todo Euskadi
«El problema lo tenemos sobre todo con las armas reglamentadas», señalan fuentes de Seguridad
El endurecimiento de las sanciones por portar navajas es un paso más para tratar de frenar de raíz un fenómeno que ha ido en aumento. Sobre todo, según explican fuentes de Seguridad, en lo referente a la tenencia de «armas reglamentadas», aquellos cuchillos y navajas que se pueden comprar sin cortapisas cuando se es mayor de edad y que, por lo general, no alcanzan los 11 centímetros de filo. «El problema no lo tenemos con las armas blancas prohibidas, que se corresponden más con delincuentes profesionales, sino con las armas reglamentadas que se están incautando en ámbitos de ocio nocturno», señalan a este periódico fuentes de Seguridad.
Zonas de bares y botellones
Con las nuevas sanciones aprobadas ayer, la multa por portar un arma prohibida según la normativa pasará de los 900 a los 1.500 euros. Llevar encima un arma reglamentada, «pero en un lugar o situación no permitida», conllevará una sanción que pasa de los 602 a los 1.000 euros. Si la incautación se produce en «establecimientos públicos, de ocio o espacios con gran número de concurrentes (botellones, calles muy transitadas, zonas de bares, etc.)», las sanciones se incrementarán un 100%. Es decir, pasarán de los 1.000 a los 2.000 en caso de tratarse de armas 'legales' y de los 1.500 a los 3.000 en caso de ser armas prohibidas.
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Además, si la persona denunciada se encuentra bajo la influencia de las bebidas alcohólicas o de las drogas, la sanción se incrementará un 100% adicional. Si muestra un en estado violento, volvería a incrementarse en otro 100%. Si la persona exhibe el arma o amenaza con ella, la multa también se incrementa un 100%. Al igual que si la persona la utiliza de modo negligente. Sumando todas las variantes, las sanciones máximas podrían llegar a los 6.000 euros en el caso de armas reglamentadas y los 9.000 si se trata de un arma prohibida.
En el caso de los menores de edad, la normativa directamente prohíbe que puedan portar armas blancas, pero también se endurecerá de tal forma que su uso pasará a considerarse infracción grave y la sanción subirá de los entre 100 y 600 euros actuales a los entre 300 y 600 euros.
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Los jueces admiten que tardan «meses» en juzgar a los navajeros
El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, instó el pasado martes a los jueces a promover «juicios rápidos» para que las personas que son denunciadas por portar o utilizar armas blancas no tengan una sensación de impunidad. El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, le replicó ayer que la fórmula para celebrar esos juicios rápidos por agresiones con armas blancas depende en gran medida de los cuerpos policiales, que lo deben solicitar cuando consideren que cuentan con pruebas e indicios concluyentes para poder condenar a los delincuentes.
Uriarte reconoció que en muchas ocasiones los juzgados de lo penal tardan «meses» en enjuiciar a los agresores con arma blanca, pero incidió en que una de las condiciones para que se puedan celebrar juicios rápidos es que la Policía presente con inmediatez el atestado con todos las pruebas e indicios de la comisión del hecho delictivo. Otro requisito es que la pena impuesta no rebase los cinco años.
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