Erkoreka comparte poner el foco en los agresores «pero las medidas precisan de un amparo legal firme»

En los apenas 11 días de este recién estrenado 2023, cuatro mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas. En 2022, fueron asesinadas 49 mujeres. Entre ayer y hoy, los responsables de la lucha contra la violencia de género de las fuerzas de seguridad, convocados por el Ministerio de Interior, están analizando en Madrid todos estos casos para «extraer conclusiones y propuestas de mejora que ayuden a reforzar la prevención» de estos delitos. El ministro Grande-Marlaska ya ha anticipado una de las medidas que quiere implementar en las siguientes semanas para atajar esta sangría de víctimas, y que consiste en un protocolo para alertar a mujeres con parejas con antecedentes por violencia de género.

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, comparte el «principio general» de este planteamiento, «no es mala idea», una vez que se «han dado enormes pasos y alcanzado, en el caso de la Ertzaintza, unos niveles de protección altísimos de las víctimas». En este punto en el que «la defensa de las víctimas está garantizada», Erkoreka coincide en que hay que poner el foco en los agresores.

Pero las propuestas del ministro Marlaska, ha incidido, han de concretarse en medidas que, a juicio de Erkoreka, precisan de «mucho tiento, ponderación y un respaldo legal incuestionable». El viceconsejero ha recalcado que el ministro de Interior se ha referido a una intención «que genéricamente compartimos, pero que requiere de una cobertura legal firme, sólida» para su puesta en marcha. «Y ya hemos oído las reticencias de la Fiscalía, necesita un amparo normativo que hasta la fecha no existe», ha advertido refiriéndose a la advertencia del Ministerio Público de que no se puede informar de forma automática a las víctimas de los antecedentes de su maltratador por la colisión con el derecho a la protección de datos.

«Hay que concretar cómo se hace, cómo darle de protección jurídica» a estas medidas, ha reiterado el consejero de Seguridad. «Una cosa es la voluntad pero hay muchos derechos en juego, y estos planteamientos han de gozar de una protección jurídica sólida», ha dicho tras la inauguración del nuevo curso de selección y formación de la próxima promoción de Euskal Polizia en Arkaute. La consejera de Igualdad, Beatriz Artolazabal, se refirió ayer en el mismo sentido señalando que habrá que «analizar el respaldo jurídico que pudieran tener esas decisiones sin atacar al derecho a la intimidad» de las personas.

En todo caso, Erkoreka ha valorado la reunión que se está celebrando en Madrid porque está sirviendo para poner en común los procedimientos, herramientas y modos de actuación en materia de violencia machista, ya que la coordinación entre policías «es importante».

Mientras tanto, la Fiscalía ha llamado a los fiscales a reclamar mayor protección para las víctimas de violencia de género porque, según les ha recordado, el sistema de valoración de riesgo VioGén, «no siempre es suficiente». En concreto, la fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer, Teresa Peramato, ha pedido a estos operadores jurídicos que pidan la instalación de dispositivos telemáticos, cuando no se solicite la prisión provisional, en casos de violencia de género que supongan situaciones de «riesgo extremo», «alto» o «medio de especial relevancia».

Además, el abogado de la asociación Clara Campoamor José Miguel Fernández López de Uralde ha considerado que la existencia de un registro público de agresores con «antecedentes firmes» por violencia de género sería «un avance hacia la igualdad» porque se trata de «seguridad de la vida, de derechos básicos y fundamentales». En una entrevista a Radio Euskadi, ha recordado que desde la asociación llevan pidiendo desde hace mucho tiempo que exista un registro público cuando existen «antecedentes firmes por violencia», lo que, a su entender, es «un avance hacia la igualdad».

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