El Parlamento Vasco apunta a cuatro consejeros de Educación como «responsables políticos» del 'caso de los comedores'

La comisión se ha celebrado este martes./
La comisión se ha celebrado este martes.

EH Bildu, E-Podemos y PP no aprecian «connivencia» del Gobierno, pero sí «inacción» frente al fraude de las empresas

EL DIARIO VASCO

La comisión de investigación del Parlamento Vasco sobre el sobrecoste en el servicio de comedores escolares ha aprobado este martes, con el apoyo de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP, un dictamen que apunta a las «responsabilidades políticas» de los cuatro consejeros que estuvieron al frente del Departamento de Educación entre 2003 y 2017, unos cargos desempeñados, sucesivamente, por dirigentes de EA -actualmente integrada a EH Bildu-, el PSE-EE y el PNV.

El dictamen, que deberá ser aprobado definitivamente por el pleno del Parlamento, considera acreditado que el acuerdo ilegal alcanzado por las empresas que prestaban este servicio -por el que estas compañías ya fueron sancionadas en su día en sentencia judicial- supuso un sobrecoste «no justificado» de entre 70,8 y 80,2 millones de euros.

El informe, que en todo caso no aprecia pruebas de «connivencia» del Gobierno Vasco con las empresas defraudadoras, establece que el sobrecoste se acumuló entre 2003 y 2015. Además, indica que entre 28,7 y 33,7 millones de euros del sobreprecio fueron soportados por el Departamento de Educación, mientras que entre 42,1 y 48,5 millones «se habría detraído a las familias» de los alumnos a través de las cuotas de comedor.

Pese a no haber constatado elementos de complicidad con las empresas en los sucesivos equipos de gobierno, el dictamen, que ha recibido el voto en contra del PNV y el PSE, sí considera «acreditada» la existencia de «responsabilidades políticas».

Dichas responsabilidades, según se indica en una de las enmiendas de Elkarrekin Podemos incorporada al informe, corresponderían a «las personas que entre 2003 y 2017 han ocupado la Dirección de Gestión Económica, la Viceconsejería de Administración y Servicios, y la Consejería del Departamento».

«Falta de respuesta»

El dictamen considera a dichas personas -a las que no se cita por sus nombres- como «responsables de la inacción pasada de la Administración ante indicios de concertación [de las empresas] y por su falta de respuesta en el presente ante el quebranto patrimonial sufrido por la Administración».

Pese a que en el dictamen no se identifica específicamente a las personas a las que se atribuyen estas responsabilidades políticas, la presidenta de la comisión, Larraitz Ugarte (EH Bildu) ha precisado que entre esas personas se encuentran los cuatro consejeros que han estado al frente del Departamento de Educación durante el periodo investigado.

Estas personas, a las que no ha citado por su nombre, son Anjeles Iztueta y Tontxu Campos (ambos de EA, formación actualmente integrada en EH Bildu), Isabel Celaá (PSE-EE) y la actual consejera, Cristina Uriarte (PNV).

«Cambios relevantes»

En el informe aprobado este martes también se reclama la adopción de medidas que permitan introducir «cambios relevantes» en el sistema de gestión directa de comedores escolares, con el fin de reforzar la transparencia y los sistemas de control y seguimiento de las adjudicaciones.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la aprobación del dictamen, el parlamentario del PNV David Latzaga ha tachado de «farsa» la actuación de los grupos de la oposición en relación a este asunto.

«Falta de rigor»

El representante del PNV ha censurado la «falta de rigor» del informe, y ha acusado a EH Bildu -formación que aprecia mayores responsabilidades en el actual Departamento de Educación que en los de épocas anteriores- de tratar de «blanquear» la gestión de los consejeros de EA en relación a este asunto, mientras «carga las tintas» con la actual consejera, del PNV.

Por su parte, José Antonio Pastor (PSE) ha afirmado que es evidente que hubo «prácticas colusorias» por parte de las empresas adjudicatarias, aunque ha denunciado que es «falso» que el sobrecoste causara un quebranto económico a las familias, puesto que la tasa de los comedores se fijaba previamente a que se conociera el coste del servicio.

Además, en una línea similar al PNV, ha criticado la actitud del PP, formación que inicialmente había firmado junto al PNV y al PSE unas conclusiones menos contundentes sobre este caso, pero que en la última fase de los trabajos de la comisión se desmarcó de dicho acuerdo y decidió apoyar las tesis de EH Bildu y E-Podemos. «El PP, después de dos citas electorales, ve cosas que no veía antes», ha ironizado.

Por el contrario, desde la oposición, Larraitz Ugarte ha subrayado que la investigación realizada evidencia que la gestión de los sucesivos departamentos de Educación ha sido «deficiente», aunque ha reconocido que no se ha podido apreciar la existencia de «connivencia» del Gobierno con las empresas que cometieron el fraude.

«No hizo nada»

En todo caso, ha querido establecer una diferencia entre el grado de responsabilidad de los consejeros que se encontraban al frente de Educación antes de 2013, y la actual responsable del departamento, Cristina Uriarte. Según ha dicho, la responsabilidad de ésta es mayor que la de sus predecesores, puesto que «no hizo nada», pese a que las irregularidades salieron a la luz ya en 2013.

Desde Elkarrekin Podemos, Edurne García ha censurado la actitud «obstruccionista» del PNV y el PSE, a los que ha reprochado que no les interese «que se conozca la verdad» sobre lo ocurrido. Por su parte, su compañero de grupo José Ramón Becerra ha explicado que por el momento no pedirán «dimisiones», pero no ha descartado hacerlo más adelante si el Departamento de Educación no toma medidas para recuperar el dinero perdido por el fraude empresarial.

A su vez, el representante del PP Carmelo Barrio ha lamentado que los partidos que apoyan al Gobierno tachen de «farsa y esperpento» la labor desarrollada por una comisión parlamentaria. Además, ha afirmado que el trabajo desarrollado por este foro puede servir para «mejorar» los procedimientos de contratación pública.