Los colegios vascos tendrán que regular el uso de los móviles antes de fin de año

Euskadi se aleja de las prohibiciones de móviles en las aulas que ya se han impuesto en los colegios de Galicia, Madrid o Castilla-La Mancha. Aboga por que cada colegio adopte «medidas de carácter pedagógico» dentro de «la autonomía de organización y funcionamiento» de los mismos. «Prohibir es una palabra que no nos gusta utilizar en Educación», decía ayer la viceconsejera del área, Begoña Pedrosa. «Lo que hacemos es hincapié en facilitar y orientar a los centros para que puedan capacitar a todos los actores y trabajar con las familias, así como acompañar a las más vulnerables».

Lo cierto es que muchos colegios ya tienen desarrollada su propia normativa en la que incluyen la prohibición de los dispositivos especialmente en las etapas más tempranas (Infantil y Primaria), y algunos ya los utilizan «en contadas ocasiones» con un fin pedagógico. Por su parte, en ciclos de FP, «donde la media de edad del alumnado es de 20 años», señaló el viceconsejero Jorge Arévalo, «el móvil es uno de los instrumentos de aprendizaje más importantes».

La normativa deberá quedar recogida en el 'Reglamento de organización y funcionamiento' (ROF) de los centros de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP, y será aprobada por el Consejo Escolar de los mismos. La comunidad educativa deberá tener conocimiento de las medidas adoptadas. «El único límite lo pone la propia legislación», señaló Pedrosa. «Hay mucha legislación sobre digitalización ética, competencia digital o empoderamiento digital del alumnado, la nueva ley vasca de Educación o el decreto sobre derechos y deberes del alumnado», enumeró. «Lo único que va a funcionar es la orientación sobre cómo formar a los alumnos para que actúen como ciudadanos responsables en el uso de las nuevas tecnologías y alinearse con las familias». Y recordó que «la edad recomendada de uso de las redes sociales sin supervisión por parte de un adulto es a partir de los 14 años».

Educación ha remitido a los centros las «instrucciones» de cara a la elaboración de las medidas que deberán adoptar para diciembre de 2024, en las que incluyen que se contemplen «actuaciones de prevención del ciberacoso escolar» a través de los dispositivos «en su plan de convivencia, en los planes de orientación y de acción tutorial así como en su proyecto digital de centro». Y matizó que «los colegios necesitan tiempo, orientación y formación. Hay que educar para el aprovechamiento pedagógico, pero también hay amenazas que hay que gestionar y por ello se va a ofrecer formación específica a los equipos directivos y al profesorado». La regulación se implantará en el horario lectivo, que incluye no solo las horas de clases y recreos, también comedores, transporte o actividades extraescolares.

La formación en esta materia se reforzará de cara a la redacción de la normativa. «Es un asunto que llevamos trabajando desde hace años», subrayó Pedrosa. Como ejemplo, la viceconsejera puso la formación sobre las consecuencias del uso de la pornografía que se celebrará la semana que viene y que están obligados a acudir todos los centros.

«Se trata de una formación transversal, que aborda esta cuestión desde muy diversos ángulos, como la convivencia y ciberconvivencia, el liderazgo de los centros, la digitalización o los aspectos metodológicos o curriculares», explicó la viceconsejera. Pedrosa subrayó la importancia de los talleres sobre el uso educativo de los móviles así como los dedicados a la convivencia positiva. Además, los centros recibirán «diversos modelos de regulación que puedan usar como referencia» con el fin de «facilitar al máximo» la elaboración del reglamento.

A partir del curso que viene se potenciará la formación de las familias en el uso de los dispositivos móviles a través de las Ampas para que prioricen este asunto. «Desde Educación ayudaremos y orientaremos a los equipos de los centros para ofrecer esas formaciones», indicó Pedrosa. «La labor del Departamento se centra en la sensibilización de la sociedad, la formación de los docentes a lo que se debe sumar una especie de pacto entre las familias y los centros educativos».