El 90% de los colegios concertados vascos cobra cuotas pese a estar sobrefinanciado

Son datos que se desprenden del informe 'El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas', elaborado por el 'think tank' educativo EsadeEcPol con datos del curso 2020/21. El estudio lo firman Ángel Martínez, Lucas Gortazar y Xavier Bonal, investigador de la Universitat Autónoma de Catalunya. Bonal está especializado en temas de equidad educativa. Asesoró al Gobierno vasco en la puesta en marcha de medidas para combatir la segregación escolar, como la reserva de plazas para vulnerables.

El estudio divide todos los colegios concertados de España en tres grupos, en función de si están mal financiados, tienen una financiación adecuada o están sobre financiados. Más o menos el 5% de los colegios vascos se encontraría en el primer grupo; el 10%, en el segundo; y casi el 85% estarían entre los mejor financiados del país. De media, se podría decir que 'ganan' 1.922 euros por alumno de ESO al año; en Primaria el beneficio es de 1.724 euros; y en Infantil, de 1.507.

¿Qué sucede? Que los centros concertados vascos también tienen los mayores gastos del país en conceptos que no cubre la Administración. Son los gastos no concertados y ascienden a unos 1.500 euros por alumno al año entre ese mencionado 85% de colegios que están sobrefinanciados. La mayoría son sueldos de profesionales que no financia el Gobierno vasco. Por ejemplo, psicólogos, terapeutas, profesores de refuerzo que exceden la ratio fijada por Educación, administrativos, profesores de extraescolares, personal de comedor y autobús... Sin olvidar el mantenimiento.

En cualquier caso, este elevado volumen de gasto no concertado lleva a entre el 65% y el 75% de los colegios e ikastolas, en función de la etapa, a cobrar cuotas. Otro 15% tiene ánimo de lucro, según las cifras del informe (en Cataluña ese porcentaje se eleva al 30%). Y el resto, entre un 10% y un 15%, según la etapa, no cobra a las familias.

Independientemente de las razones que llevan a cobrar cuotas, lo cierto es que están muy extendidas en Euskadi. Al ser la educación un bien de interés público, ningún centro educativo financiado con dinero público debería poder cobrar dinero a las familias, lo que en el fondo provoco un problema de segregación. No obstante, en palabras de Bonal, «no se trata de un debate en torno a si es algo legal o ilegal, sino que es un problema de equidad».

Por ello, los autores del informe plantean una serie de recomendaciones para evitar que este sistema que perpetúa la segregación escolar. La primera de todas es calcular cuánto cuesta la plaza escolar, tanto en la red pública como en la concertada, para que la financiación de cada centro sea la correcta. De hecho, este cálculo ya está contemplado tanto en la ley estatal de educación como en la autonómica. Otra propuesta consisten en que las administraciones lleven a cabo auditorías periódicas exhaustivas de la contabilidad de los colegios, a fin de determinar adónde dirigen los recursos, algo a lo que ya se comprometió de Educación.