Quitar puertas al campo

En 2013, un grupo de unos 15 jóvenes de la Asociación de Repobladores Rurales de la Sierra Norte abandonaron sus residencias, la mayoría en Madrid, y apostaron por vivir en este pulmón natural de 125.000 hectáreas. Eligieron Fraguas, abandonado hace medio siglo después de que el Estado se lo expropiara a sus últimos vecinos para convertirlo en monte público. Estos jóvenes recuperaron viviendas, instalaron placas solares y las tomas de agua volvieron a manar. Era un nuevo proyecto que se sumaba al creciente movimiento de recuperación de zonas rurales despobladas y gestionadas con modelos respetuosos con la naturaleza. Estos montes de Guadalajara son una de las zonas más despobladas de La Mancha, con cerca de un centenar de villorrios abandonados en los últimos 50 años.

Cinco años después, seis de sus miembros acaban de ser condenados a un año y nueve meses de cárcel por delitos contra la ordenación del territorio y usurpación de monte público. Hace unos días, la Audiencia de Guadalajara ha ratificado la sentencia inicial, que les exige además el pago de los costes de demolición de su poblado (27.000 euros).

La denuncia partió de la Junta de Castilla-La Mancha, que entendió que por muy altruista que fuera la labor de Fraguas Revive, «no era posible autorizar ni legalizar construcciones en un lugar que ya no es pueblo sino monte público». El apoyo ciudadano, expresado en la recogida de miles de firmas, logró al menos que de la denuncia se les retirara el delito de daños al medio ambiente del que también les acusaba el Gobierno regional manchego.

Un apoyo que llegó incluso de los últimos moradores de Fraguas. Como el ya muy anciano Isidro Moreno, que les pedía cuando comenzaron su proyecto en agosto de 2013 que «tratéis con cariño y el respeto que se merecen esas piedras que hoy están muertas y caídas entre las zarzas y que en otros tiempos tuvieron vida». En estos testimonios encuentra las fuerzas para seguir el colectivo Fraguas Revive. «La legitimidad nos la dan los antiguos habitantes -insiste Gonzalo Aracil, que es uno de los seis condenados-. Ellos no se fueron a gusto, sino que les forzaron a marcharse para repoblarlo todo de árboles».

En el asentamiento alternativo de El Calabacino (Alájar, Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Huelva) viven una situación similar. Familias llegadas de todas partes iniciaron hace 35 años uno de los proyectos más singulares de 'ecoaldeas' en España. Hoy son 115 familias, repartidas en tres núcleos y con casi medio centenar de niños. Viven de oficios variados, con un régimen de coparticipación en la toma de decisiones (lo llaman sociocracia) y tratando de dejar la menor huella posible en el paisaje.

Solo uno de los tres núcleos tiene acceso asfaltado. El resto ha vuelto a apostar por el transporte con mulo para subir y bajar materiales, viandas y personas. «Proponemos un modelo de gestión distinto, somos custodios de un paisaje. Pero también hemos logrado que no se cierre una unidad de colegio de Alájar gracias a nuestros niños», explica Sebastián Roig, uno de sus integrantes.

También aquí, la vida tiene el pulso de lo sostenible. Instalaciones solares, baños secos para no agotar el agua, sistemas de depuración naturales. Han restaurado albercas y calzadas y construyeron sus casas con la ayuda de sus mulos. La vida hoy se estructura en lugares comunes: desde el horno a la guardería, pasando por talleres de todo tipo.

Pero, como en Fraguas, también en El Calabacino han tropezado con las leyes urbanísticas. Durante todos estos años han tratado de comprar tierras para evitar deslices legales. Nadie se preocupó de ellos hasta que las inspecciones de los agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía determinaron que 22 de sus viviendas estaban fuera de la normativa.

Como nadie quería perjudicar a las familias, la Fiscalía de Huelva acusó al Ayuntamiento de prevaricación por no aplicar de forma estricta la ley. La primera denuncia contra una familia ha finalizado con un pacto judicial por el que las partes aceptan una condena de 18 meses de prisión y la demolición de la vivienda a cargo de sus moradores. A cambio de aceptar la pena, la acusación pública deja que se suspenda la ejecución si «en el plazo de cinco años se declara por las administraciones competentes su legalización expresa».

El acuerdo ha supuesto un respiro para esta comunidad. Sus asesores legales intentan que se les aplique la figura de «hábitat diseminado» en la próxima reforma de los planes urbanísticos de Alájar. Pero la inquietud no se ha disipado. «Lo previsible es que el resto de juicios repitan la condena. Solo hemos conseguido una tregua», admite Sebastián Roig.

En España hay más de 20 'ecoaldeas' formadas por grupos humanos que apuestan por recuperar pueblos abandonados. Les une a todos una supervivencia basada en lo comunitario y en dejar la mínima huella ecológica. Hay al menos otros 15 o 20 proyectos en fase embrionaria.

«Suelen surgir de gente joven que ya no espera nada del sistema, pero que son conscientes de que, con la tecnología de hoy, se puede vivir en buenas condiciones y con el respeto ambiental como bandera», resume la filosofía global el portavoz de la Red Ibérica de Ecoaldeas, Toni Marín.

Este colectivo lamenta que se criminalicen proyectos que, lejos de especular, «intentan dar una salida a esa Laponia del Sur en que se han convertido amplias áreas de la España interior», argumenta Marín. Desde este movimiento admiten que «las leyes son las leyes y a veces nos caen encima».

Para evitarlo se están multiplicado los contactos con las administraciones para una adaptación de «leyes del siglo XX a las necesidades del XXI», reclama Marín. A finales de diciembre pasado, el grupo parlamentario Unidos Podemos preguntó al Gobierno si «va a seguir asumiendo las carencias de la regulación legal que dejan en muchos casos a estos asentamientos en un limbo jurídico».