El Ararteko pide crear un mediador específico en separaciones y custodias

La conflictividad entre las partes se dispara en muchos juicios motivados por separaciones o divorcios. Desde las custodias y el régimen de visitas de los hijos a su educación y «otros problemas cotidianos». Muchas veces, sin embargo, la ayuda profesional de un mediador ayuda y mucho a reducir esa alta litigiosidad, a atemperar ánimos y facilitar la búsqueda de puntos intermedios para hacer posible el acuerdo y garantizar pautas de convivencia de forma extrajudicial. Las instituciones vascas ya disponen de este recurso, pero el Ararteko pide reforzar los servicios públicos existentes porque, en opinión de Manu Lezertua, no son suficientemente conocidos ni utilizados para evitar acabar en juicios. Así lo refrenda que cada año estos profesionales atiendan en Euskadi unos 2.000 casos derivados desde los juzgados, y lo que es peor, dos de cada tres llegan motivados por denuncias de carácter penal, es decir, que podrían conllevar penas de cárcel.

De hecho, el Defensor del Pueblo vasco aboga por incorporar al mediador en los propios procesos judiciales de familia. Una figura «complementaria» a la labor judicial, según destaca en el informe extraordinario con recomendaciones sobre este servicio que ayer entregó a la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejería. El documento puntualiza que este profesional se encargaría de hacer una evaluación, previo consentimiento de los progenitores, que luego estarían obligados a aceptar las soluciones que se les propongan.

«La mediación se debe percibir como un recurso útil para la sociedad, al que todas las personas pueden tener acceso independientemente de su capacidad económica, y que sirva a los intereses de las partes con vistas a una mejor convivencia y pacificación social», manifestó Lezertua. Y entre sus conclusiones lamentó que las administraciones no utilicen esta herramienta con demasiada frecuencia, tampoco «en sus conflictos internos ni en los que surgen en su relación con la ciudadanía». Por eso, considera que debería dotarse al «sistema vasco de mediación de una normativa específica e integral». Más acorde a los tiempos y «a la actual corriente europea sobre mediación y procesos de Justicia Restaurativa». Y esta «regulación integral» debería contemplar la creación de otra figura: la de un consejo asesor de mediación que regule sus funciones.