El Ararteko alerta sobre la saturación de los centros vascos de menores extranjeros

El Ararteko, Manu Lezertua, alertó ayer de la situación de los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados (menas) en Euskadi, que ya se vieron «totalmente desbordados» en 2017 con 587 menores atendidos, algo que se ha agravado este año con más llegadas masivas.

Lezertua abordó este asunto ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, donde presentó el Informe Anual de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia del Ararteko de 2017 a petición de Elkarrekin Podemos y advirtió de la alta tasa de pobreza infantil que existe en el País Vasco. Del volumen de quejas atendidas el año pasado por la oficina del defensor del pueblo vasco el 16 % (492 expedientes) contaban con algún menor involucrado, y el Ararteko abrió 14 expedientes de oficio «en aquellas situaciones en las que puede haber una situación de vulnerabilidad que no está lo suficientemente atendida».

Del análisis de estas quejas contra la actuación de la Administración pública, entre las que abundan las de padres disconformes con la decisión de los servicios sociales de las diputaciones vascas de retirarles la tutela, el Ararteko ha asegurado que no ha encontrado indicios de una actuación incorrecta por parte de las administraciones.

Lezertua recordó que en 2017 casi 3.000 menores (incluidos los extranjeros no acompañados) estaban bajo la tutela de las administraciones, el 35 % en acogida por parte de familias y el 65 % en centros residenciales para menores.

De ellos, el Ararteko se ha centrado en la situación de los «menas», con el alto nivel de ocupación» de los recursos de acogida debido a la llegada masiva de menores, algo que «se ha agravado en 2018» y que ha motivado que Lezertua haya visitado centros en los tres territorios para conocer su situación.

El Defensor del Pueblo considera que las administraciones han acogido de forma correcta «aunque con grandes dificultades» a estos menores, aunque insistió en la necesidad de habilitar nuevas plazas.

En cuanto a la pobreza infantil, señaló que un estudio de 2016 indica que había un 10,4 % de menores con problemas básicos de privación, de los que un 3,5 % se consideran casos graves.

Sobre la prevención y detección de abusos sexuales, Lezertua destacó la aplicación de un nuevo protocolo que aborda los diferentes ámbitos, aunque señaló que «existe un amplio margen de mejora».