ELA exige al lehendakari que cese al consejero de Salud, Jon Darpón

La central no eximió de responsabilidad a las direcciones de cada centro y organización, y al consejero de Salud, Jon Darpón, cuyo cese reclamaron. «Osakidetza -dijo el representante de ELA, Pello Igeregi- es consciente y sabedora de lo que estaba pasando en los servicios médicos antes de que la OPE se pusiese en marcha, porque nosotros se lo hemos transmitido directamente, tanto al propio consejero de Salud como a los diferentes directores de Recursos Humanos que ha tenido el Servicio». Los hechos posteriores, que dejan ya cuatro convocatorias de especialidades médicas suspendidas (Cardiología, Cirugía Vascular y Angiología, Anestesia y Cirugía Plástica) y una prueba práctica de Pediatría Hospitalaria anulada, demuestran que no se trató de una advertencia sin sentido.

ESK, que presentará ante la Fiscalía todas sus pruebas probablemente esta misma semana, ahondó en la acusación: «Este sistema era conocido hacia arriba y hacia abajo. Hago también autocrítica, porque era conocido por personal sindical, por los profesionales, por las jefaturas. No me tiembla la voz por decirlo. Pero no ha sido hasta ahora cuando hemos conseguido los indicios», afirma Patxi Nicolau, de ESK, sindicato al que pertenecen tres de los médicos que han sacado a la luz las posibles irregularidades.

El caso ha abierto en canal «un secreto a voces», dicen en círculos sanitarios. Ya en marzo, ESK publicó en su blog un escrito de denuncia que tituló «Supongamos». En el texto, hablaba de la posibilidad de que la OPE para personal facultativo especialista «en realidad sea una pantomima; conocida, tolerada y favorecida por las jefaturas de los servicios, gestores de las OSIs y responsables de la Administración». A día de hoy, Osakidetza mantiene abiertos cuatro expedientes informativos. También la Fiscalía Superior del País Vasco ha abierto diligencias. Lo que se sabe es que un cirujano del Hospital Donostia envió una carta a la directora y al responsable de Recursos Humanos de Osakidetza -María Jesús Múgica y Juan Carlos Soto, respectivamente- en la que expresaba sus sospechas de que ciertos opositores conocían de antemano los exámenes. A posteriori, el grupo parlamentario Elkarrekin Podemos y el sindicato ESK hicieron públicas sendas actas en las que predijeron ante notario los nombres de las personas que iban a sacar las mejores notas en el examen de Anestesia y Reanimación. Además, EH Bildu presentó un informe de LAB con diez categorías en el punto de mira. El Sindicato Médico de Euskadi (SME) hizo público su informe con sospechas en doce especialidades médicas.