La OPE de las 3.335 plazas que se dirime en un juzgado de Vitoria

La esperanza e ilusión de mayo de 2018 se ha convertido casi un año y medio después en una pequeña pesadilla para los responsables del Servicio Vasco de Salud. De hecho, todo lo sucedido en este tiempo ha obligado a los rectores sanitarios vascos a agilizar los tiempos de una renovación de las OPE de la que se viene hablando hace tiempo. Más de 70.000 personas se presentaron en primavera del año pasado a una oposición que ponía en juego 3.335 plazas en Osakidetza. Desde el primer día hubo sospecha de irregularidades en forma de filtración de exámenes. Las denuncias de los sindicatos y de profesionales médicos forzaron a Salud a investigar los sucedido. Osakide-tza decidió paralizar varias especialidades sospechosas y repetir cinco exámenes, todavía sin fecha.

Sin embargo, el gran giro en los acontecimientos se produjo cuando se hizo público el pasado febrero el escrito de la Fiscalía del País Vasco en el que se señalaba once especialidades médicas sospechosas y se ponía nombre y apellido a tres profesionales de Osakidetza como imputados en este caso. Es el juzgado de instrucción número 2 de Vitoria el encargado de investigar este caso que ha supuesto la dimisión de hasta cuatro altos cargos de Osakidetza en este tiempo. Se han visto obligados a dejar sus cargos por este escándalo Jon Darpón, consejero de Salud; María Jesús Múgica, directora general de Osakidetza; Juan Carlos Soto, director de Recursos Humanos; y Ricardo Ituarte, director Económico. También ha dejado su puesto recientemente Xabier Balerdi, segundo de Soto en Recursos Humanos. Precisamente, la jueza que lleva el caso debe decidir en breve en calidad de qué testifican Soto, Balerdi y Andoni Arcelay, los tres citados en su informe.