El Ararteko reclama cambios en Lanbide para mejorar la gestión de la RGI

El Ararteko vuelve a posar su mirada sobre la gestión de las ayudas sociales, en concreto sobre la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), que actualmente cobran alrededor de 63.000 personas en Euskadi. El diagnóstico sobre Lanbide publicado este jueves, en base a las quejas recibidas en las oficinas de la Defensoría del Pueblo Vasco, revela "carencias técnicas" en la actual normativa y propone reformas "de calado" para mejorar el sistema. El informe llega en vísperas de que el Gobierno Vasco haga pública su propuesta de reforma de la ley de garantía de ingresos, en la que lleva trabajando varios meses y que elevará para ser debatida con el resto de grupos parlamentarios.

El diagnóstico de la institución que dirige Manuel Lezertua vuelve a ser crítico con la gestión de Lanbide. Por un lado reconoce "los avances" que se han logrado en los últimos años, después del cuello de botella provocado con el traspaso de la competencia desde los servicios sociales munciipales a las oficinas de Lanbide. Pero al mismo tiempo considera insuficientes estos pasos y propone 52 medidas para hacer efectivo el derecho a las prestaciones y a la mejora del sistema.

Entre ellas, una regulación adecuada de la forma en que se reclaman las prestaciones que se abonan de forma indebida y mejorar la información de las obligaciones que los beneficiarios tienen que cumplir para evitar que se suspendan o extingan las ayudas, una situación que motiva gran parte de las quejas que se reciben en relación a la RGI en las oficinas del Ararteko. También se pide que las ayudas que se conceden para completar bajos salarios, denominadas de estímulo al empleo, puedan cobrarse durante más de los tres años que ahora contempla la ley, un máximo "claramente insuficiente" dada la coyuntura laboral actual, precisa el documento.

El Ararteko también reclama una mayor coordinación de Lanbide con los servicios sociales municipales, especialmente a la hora de atender las solicitudes de prestaciones económicas de las personas en situaciones de alta exclusión, aquellas que por su perfil no son "activables laboralmente", cuya atención "no está siendo adecuada" por parte de las oficinas de Lanbide, "por no ser un organismo especializado en la atención social, ni disponer en principio de personal cualificado en materia de trabajo social", papel que correspondería a los servicios sociales de cada municipio, como reivindica Lezertua.