La declaración de zona tensionada limitará los precios del alquiler en el 3% de viviendas de Donostia

La consecuencia más conocida de esta nueva medida será la posibilidad de limitar las rentas en los nuevos contratos de alquiler que se suscriban con «grandes tenedores» de vivienda -los que tienen cinco o más pisos-, y los arrendamientos de pisos de pequeños propietarios que no hayan estado anteriormente en alquiler. En este sentido, la concejala de Planificación Urbanística y Vivienda, Nekane Arzallus, explica que en Donostia hay unas 3.000 viviendas en manos de esos grandes propietarios, es decir, un 3% del total de 95.000 viviendas existentes en la ciudad. Según datos del Gobierno Vasco, el número de pisos destinados al alquiler de larga duración en la capital guipuzcoana es de unos 9.349 viviendas.

La declaración de zona tensionada, que también pedirán otras localidades guipuzcoanas como Errenteria, que será la primera en completar el proceso, permitirá además de «limitar la renta inicial de nuevos contratos de arrendamiento para grandes tenedores y para viviendas que no hubieran estado alquiladas, establecer topes máximos al incremento de los alquileres para evitar subidas abusivas; establecer prórrogas extraordinarias para los contratos de alquiler; y movilizar suelo para destinarlo a usos residenciales, con el objetivo final de alcanzar el 20% de vivienda destinada a políticas sociales».

Donostia prepara la documentación, que se compone de una memoria justificativa, con un diagnóstico de la situación de la población, el mercado de la vivienda y sus niveles de accesibilidad, y de un plan específico de medidas y su cronograma de aplicación. Para ello, el gobierno municipal junto a Donostiako Etxegintza ha celebrado reuniones con los grupos políticos municipales, así como con diversos agentes implicados, en las que se ha presentado dicha documentación y se ha dado la oportunidad de presentar sugerencias o propuestas.

«Se trata de un documento abierto a las aportaciones que realicen los grupos municipales y agentes implicados, con el objetivo de lograr un diagnóstico y un plan de acción que permita mejorar la situación del mercado de la vivienda destinada al alquiler habitual».

Según la previsión realizada por el consistorio, la declaración de zona tensionada permitirá limitar los precios de los nuevos contratos de alquiler en unos 3.000 pisos de la ciudad. «Donostia es una ciudad de pequeños propietarios, y es muy habitual el caso de personas o familias que son titulares de la vivienda que habitan, y que pueden tener otra vivienda que ceden en alquiler, con la que complementan sus ingresos o su pensión. La declaración de zona tensionada en nuestro caso afectará principalmente a los grandes tenedores, esto es, a propietarios de cinco o más viviendas», explica Arzallus.

El plan de acción que prepara el Ayuntamieto para solicitar su inclusión como zona tensionada cuenta con cuatro ejes estratégicos, en los que se engloban diferentes medidas encaminadas a mejorar la situación del mercado del alquiler: fomento del alquiler sostenible; actuaciones sobre el parque de edificios y regeneración urbana; sistema de prestaciones y ayudas al alquiler; y sistemas de coordinación institucional.

Entre las medidas propuestas para fomentar el alquiler asequible destacan las encaminadas al incremento del parque de vivienda residencial de protección pública, especialmente en régimen de alquiler, así como programas para la movilización de vivienda vacía o intermediación en el mercado de alquiler.

En relación a las actuaciones sobre el parque de edificios residenciales y regeneración urbana, el Ayuntamiento muestra «su deseo de favorecer la mejora de la accesibilidad de los edificios, la mejora de la eficiencia energética del parque de viviendas, la división de viviendas preexistentes, así como la transformación de locales en viviendas, y el fomento de actuaciones integrales de regeneración urbana».

Sobre el sistema de prestaciones y ayudas de alquiler, el consistorio donostiarra quiere trabajar en la «mejora de las ayudas a la emancipación juvenil, pondrá especial atención en colectivos vulnerables y realizará un control de precios del alquiler y protección de colectivos vulnerables».

Y en lo que la coordinación institucional se refiere, propone «impulsar un servicio de asesoramiento integral en materia de vivienda, un sistema de coordinación interinstitucional y participación en las políticas de viviendas, y establecerá un sistema de evaluación y seguimiento».

Arzallus ha mostrado su «satisfacción por la forma en la que se está desarrollando un proceso que nos llevará a confeccionar un plan de acción con el que solicitar de forma oficial la declaración de toda la ciudad como zona tensionada tras el verano».